La nueva vida del ex DAO: pensión máxima y casas compartidas con su esposa

El comisario principal José Ángel González Jiménez, destituido este miércoles como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional mediante la orden interna firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska y publicada en un BOE extraordinario del 19 de febrero, abandonará la institución con la pensión máxima que contempla el sistema público y un patrimonio inmobiliario compartido con su esposa que incluye propiedades en Valladolid y en Aguilar del Río Alhama, su localidad natal en La Rioja.

Una carrera de más de tres décadas al servicio del Estado que termina de forma abrupta tras la denuncia de una subordinada con la que trabajaba que le acusa de agresión sexual tras grabar los hechos durante 40 minutos.

Previsiblemente, en los próximos días pasará a la condición de policía jubilado y podrá disfrutar de una vida acorde a ello, al margen del tiempo que tenga que dedicar a su defensa penal.

Apoyos en lo personal parece que no le faltan. La caída del DAO ha destapado una tupida red de lealtades. Apenas conocida la admisión a trámite de la querella contra el DAO por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación, tres personas de su entorno más cercano se personaron –como desvela en exclusiva OKDIARIO– en su domicilio oficial en Madrid para arroparle.

Entre ellas, Toñi, la esposa de Segundo Martínez, ex jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero. Toñi, según pudo comprobar OKDIARIO, acudió en primer lugar para consolar a la mujer del ex número uno de la Policía Nacional, desolada al descubrir la infidelidad.

Las propiedades del ex DAO confirman una vida en pareja. González Jiménez y su esposa son titulares, en régimen ganancial, de una vivienda unifamiliar en un municipio junto a Valladolid con una superficie construida de 234,8 metros cuadrados sobre un terreno de 265,4 metros cuadrados. Sobre ella pesa una hipoteca constituida en favor de Caja España de Inversiones para responder de 204.000 euros de deuda, con un plazo de amortización de 360 meses desde julio de 2004.

Pero el patrimonio no se agota ahí. En Aguilar del Río Alhama, el pueblo riojano donde creció el ex DAO, el registro acredita hasta seis fincas adicionales.

Entre ellas, una vivienda de protección oficial de 105,61 metros cuadrados construidos y un local comercial de 63,5 metros cuadrados construidos, ambos en régimen ganancial con su esposa.

También figura a su nombre —en este caso como titular privativo al 100%, tras una disolución de condominio— un corral con 345 metros cuadrados de solar. Completan el cuadro patrimonial una casona antigua de planta baja y tres alturas sobre un solar de 39 metros cuadrados, un solar de 836 metros cuadrados y una finca rústica, estas últimas en copropiedad con una hermana.

Pensión ‘deluxe’

La pensión que percibirá González Jiménez es la máxima que el sistema contempla para un funcionario de su rango y antigüedad. Sin embargo, esta circunstancia tiene una consecuencia paradójica: pese a atesorar varias condecoraciones de alto nivel —entre ellas, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, concedida por Real Decreto de 2024, y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, otorgada por Real Decreto de 2023— el ex DAO no podrá sumar a su pensión los pluses mensuales que estas distinciones suelen generar, precisamente porque ya percibe la cuantía máxima permitida.

Paralelamente, el cese implica la entrega inmediata de los elementos policiales asignados al cargo: el teléfono móvil oficial, la pistola reglamentaria y, de forma acuciante, la residencia oficial en la zona de Cuzco de Madrid, cuya titularidad corresponde al Ministerio del Interior.

Varios equipos de periodistas han permanecido apostados frente a ese inmueble en las últimas horas, captando las últimas imágenes del que fuera hombre fuerte de Grande-Marlaska. Ha salido del bloque en un coche gris marca Renault.

Trayectoria desde Antidisturbios

González Jiménez fue nombrado director adjunto operativo el 5 de octubre de 2018, después de haber ejercido como jefe superior de Policía de Aragón desde abril de 2017 y, antes, como jefe superior de Policía de Melilla desde marzo de 2014.

El grueso de su carrera, casi dos décadas, lo pasó al frente de la VII Unidad de Intervención Policial —los antidisturbios con sede en Valladolid—, un cuerpo formado en la Academia Militar de Zaragoza cuando la Policía Nacional aún no era un organismo estrictamente civil.

El ministerio venía estudiando desde 2024 una reforma legal para prolongar su mandato más allá de la jubilación obligatoria a los 65 años, siguiendo el modelo que el Gobierno del PP introdujo en 2012 para la Guardia Civil.

La jubilación de González Jiménez podría cerrar la vía del expediente sancionador administrativo: una vez fuera del cuerpo, Interior ya no puede instruir un procedimiento disciplinario por los hechos denunciados.

Sólo la vía judicial permanece abierta. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha reclamado al abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, la entrega de «toda la prueba documental» preservada hasta ahora, incluidos los audios.

Piedrafita ha calificado esta notificación de «muy buena noticia» y ha confirmado que otras personas han comenzado a contactar con él relatando «situaciones similares» atribuidas a «mandos comisarios».

Si en el futuro un tribunal lo condenara, Interior podría acabar obligado a retirarle las condecoraciones y, en el escenario más gravoso, arrebatarle la condición misma de policía.