La prioridad de la oposición es acabar en las urnas con el sanchismo

Con España sumida en una situación sin precedentes en cuanto a su nivel de degradación política, con una persona que ha roto todos los principios y valores éticos que se supone acompañan a un gobernante en ejercicio en una democracia parlamentaria occidental, la oposición no puede estar enfrentada entre sí por ampliar su cuota de votación respectiva.
Es razonable y comprensible que cada formación pugne por incrementar su participación electoral, pero no lo es hacerlo de manera tan evidente como lo es en la actualidad. Obviamente hablamos del Partido Popular y Vox, que son a día de hoy la única oposición al sanchismo, instalado en el gobierno, que no «gobernando».
Es tan necesario como inaplazable un cambio en España que desplace al sanchismo a la papelera de la Historia, pero sin olvidar su existencia para no volver a repetir una experiencia como ella. Una coalición sin más objetivo común entre sus componentes, que satisfacer ambiciones de poder al precio de desmantelar el Estado, como la organización jurídica y política de la nación española.
Un Frente Popular social comunista instalado en el poder ejecutivo, apoyado en unos aliados parlamentarios con el común denominador de ser nacional secesionistas en Cataluña, el País Vasco y Navarra y enfrentados en sus respectivos territorios. Es el caso de Bildu y el PNV por un lado, y Junts y ERC por el otro. Cualquier parecido con lo que se supone debe ser una coalición que gobierne España, con el objetivo de servir a su interés general y el bien común de los españoles, es sin duda inexistente e imposible con esta amalgama de siglas.
Si añadimos que la contradicción interior entre esos componentes origina fracturas internas el resultado es tener un «objeto inútil» -en expresión acuñada por Sánchez- instalado en el gobierno, careciendo de Presupuestos aprobados en esta legislatura que ha superado el ecuador de los cuatros años de su duración máxima posible.
Además de perder sucesivas votaciones en el Congreso al carecer también de un apoyo estable del poder legislativo, como consecuencia de ello. En cuanto a la ausencia de un mínimo de ética pública a la cabeza del sanchismo, significa que no va a dimitir en ningún caso, lo que exige que la oposición esté en condiciones de ganar claramente en unas próximas elecciones, en cuanto sean convocadas, anticipadas, ó no. La ley electoral española penaliza la dispersión del voto lo que habría de inducir a reflexionar a la oposición incluso acerca de eventuales coaliciones electorales en circunscripciones en las que sea conveniente.
Previo a ello, es necesario atenuar su oposición mutua, pública y publicada, y pactar el ejercicio de las diferencias existentes que deben ser subordinadas al objetivo prioritario de derrotar electoralmente al sanchismo. Caer en el error de aceptar el marco de debate establecido por el sanchismo es inaceptable, considerando que Vox es la ultraderecha y el PP no puede pactar con ella. Que esa crítica la haga quien está en el gobierno apoyado en los sucesores políticos de ETA, y en separatistas condenados por un golpe de Estado contra el fundamento de la Constitución, es sencillamente delirante.
La inmigración descontrolada, se ha convertido en uno de los problemas que más preocupa a los españoles, y es una evidencia la carencia de una política migratoria sanchista, entre otras razones por su incapacidad de alcanzar un consenso interior entre sus componentes, de los que su común nacionalismo radical genera reacciones incluso susceptibles de ser calificadas como xenófobas.
La evidencia de una inmigración descontrolada, en gran proporción musulmana y de dimensión creciente, es una amenaza a la propia subsistencia de la identidad histórica y nacional de España. A ello coadyuva la baja tasa de natalidad autóctona frente a la extranjera, que se ve favorecida por una ideología política promotora del aborto como un derecho, y de la ideología de género.
El retiro político de este fin de semana de la cúpula del PP para definir una política inmigratoria sólida y bien argumentada era necesario. Y que haga compatibles el respeto a derechos humanos inexcusables, con el derecho de España a garantizar su soberanía sobre el territorio nacional y el control de sus fronteras. Y que no dé lugar a una guerra fratricida en el seno de la oposición al sanchismo. Incluso sobre si una masacre es un genocidio.