Una negligencia política mortal

Una negligencia política mortal

La revelación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados de que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez confirmó el 3 de marzo la «transmisión comunitaria» del coronavirus en España, pero que, sin embargo, la consideró «esporádica» y «no sostenida», es la prueba del nueve de la negligencia mortal cometida por un Ejecutivo que instó a participar en Madrid -sólo cinco días después- en la manifestación del 8-M que reunió en la capital de España a 120.000 personas. Todo una prueba de cargo contra un Ejecutivo que, muy probablemente, tenga que afrontar un aluvión de querellas. Las declaraciones de Illa abonan el camino a todos aquellos que se hayan visto afectados por la decisión de Pedro Sánchez de celebrar a toda costa la multitudinaria concentración feminista.

En la comparecencia en la comisión de Sanidad de la Cámara Baja, Illa manifestó: «A fecha 3 de marzo, el número de positivos ascendía a 149 (en España). Fue en ese momento cuando pudimos confirmar la existencia de transmisión comunitaria en nuestro país». Un día antes, el 2 de marzo, en vísperas de la manifestación, la Unión Europea, a través del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, recomendó a los Estados miembros la adopción de «medidas de distanciamiento social individual « para evitar así concentraciones multitudinarias como las de las marchas feministas.

Dicho de un modo más claro: conociendo que el virus se encontraba en plena fase de expansión, y en contra de las recomendaciones de la UE y del conjunto de los organismos sanitarios mundiales, Pedro Sánchez expuso gravemente al contagio a la sociedad madrileña y española en general, alentando manifestaciones multitudinarias. Lo que vino después ya es de sobra conocido. España es hoy el segundo país del mundo con más muertes, sólo detrás de Italia, y el número de contagios crece cada día mientras millones de ciudadanos permanecen confinados en sus casas. El Gobierno socialcomunista reconoce que el 3 de marzo confirmó la «transmisión comunitaria» del coronavirus, pero que la consideró «esporádica».

Después de esto, si tuviera decencia,  lo «esporádico» debiera ser el Gobierno de España.

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