Una negligencia política mortal
La revelación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados de que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez confirmó el 3 de marzo la «transmisión comunitaria» del coronavirus en España, pero que, sin embargo, la consideró «esporádica» y «no sostenida», es la prueba del nueve de la negligencia mortal cometida por un Ejecutivo que instó a participar en Madrid -sólo cinco días después- en la manifestación del 8-M que reunió en la capital de España a 120.000 personas. Todo una prueba de cargo contra un Ejecutivo que, muy probablemente, tenga que afrontar un aluvión de querellas. Las declaraciones de Illa abonan el camino a todos aquellos que se hayan visto afectados por la decisión de Pedro Sánchez de celebrar a toda costa la multitudinaria concentración feminista.
En la comparecencia en la comisión de Sanidad de la Cámara Baja, Illa manifestó: «A fecha 3 de marzo, el número de positivos ascendía a 149 (en España). Fue en ese momento cuando pudimos confirmar la existencia de transmisión comunitaria en nuestro país». Un día antes, el 2 de marzo, en vísperas de la manifestación, la Unión Europea, a través del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, recomendó a los Estados miembros la adopción de «medidas de distanciamiento social individual » para evitar así concentraciones multitudinarias como las de las marchas feministas.
Dicho de un modo más claro: conociendo que el virus se encontraba en plena fase de expansión, y en contra de las recomendaciones de la UE y del conjunto de los organismos sanitarios mundiales, Pedro Sánchez expuso gravemente al contagio a la sociedad madrileña y española en general, alentando manifestaciones multitudinarias. Lo que vino después ya es de sobra conocido. España es hoy el segundo país del mundo con más muertes, sólo detrás de Italia, y el número de contagios crece cada día mientras millones de ciudadanos permanecen confinados en sus casas. El Gobierno socialcomunista reconoce que el 3 de marzo confirmó la «transmisión comunitaria» del coronavirus, pero que la consideró «esporádica».
Después de esto, si tuviera decencia, lo «esporádico» debiera ser el Gobierno de España.