Montoro lo tiene chungo

2017 será un año difícil en palabras del ministro Cristóbal Montoro. El ajuste del déficit que exige el compromiso de nuestro Gobierno con Bruselas, y diría también con la propia responsabilidad de nuestras finanzas públicas, se antoja como un reto de enjundia y confiando en que no salten sorpresas en forma de pasivos contingentes que se tengan que afrontar a causa de la responsabilidad patrimonial del Estado u otros imprevistos.

El ministro Montoro deberá hacer malabarismos para ser capaz de llevar nuestras cuentas públicas de un desajuste que en 2016 rondará los 55.000 millones de euros —más o menos, en cifras estamos al mismo nivel que en 2015— a una cota menos deficitaria del orden de unos 40.000 millones de euros. Y eso, según dicen las voces oficiales algo quemadas últimamente por las recientes subidas impositivas, sin recurrir más a forzar aumentos en los impuestos, afirmación que uno, con el debido respeto, tiene que poner en tela de juicio.

Se confía la suerte de la mejora en la recaudación tributaria a la marcha de nuestra economía y a un crecimiento, otra vez, consistente y muy por encima de la media europea —1,6%— y de la zona euro —1,5%—, que en palabras de los optimistas sobrepasaría el previsto 2,3%. Para que eso se dé se exigen varias condiciones:

·      La remontada asumible de los precios del petróleo. Por tanto, que no se disparen excesivamente a lo largo de 2017, porque ya se sabe el consiguiente efecto en cadena que conlleva una subida del precio del crudo.

·      Que la tasa de inflación se mantenga en tono positivo pero sin aspavientos porque, en caso de que el índice de precios al consumo trote demasiado —en Cataluña cierra 2016 con el 1,9%— el consumo privado se ralentizará e incluso frenará tras dos años de aceleración, con la consiguiente lectura de unos salarios más o menos ajustados que se han visto beneficiados con un IPC en clave negativa durante bastantes meses y que, con un alza de los precios, pueden ver mermados su capacidad adquisitiva.

·      Que sigamos con esa oleada turística que nos ha traído a más de 75 millones de visitantes en 2016 pero sabiéndola gestionar habida cuenta de que buena parte de esa masa de foráneos que aterriza en España son “turismo prestado” que cuando las cosas se calmen por el Mediterráneo viajarán a otros destinos. Además, nuestra industria hotelera debe manejar sus precios porque ya se comenta en el ámbito de las compañías aéreas low cost que se han producido algunas subidas un tanto excesivas.

·      Que nuestro sector exterior prosiga con ese paso firme del que ha hecho gala durante 2016, con especial énfasis en la industria manufacturera, asegurando el funcionamiento a niveles aceptables de nuestras capacidades productivas con empleo sostenido en un sector clave como es la industria tanto en número de efectivos como en retribuciones.

·      Que la inversión continúe repuntando con cierta alegría tanto desde la perspectiva de bienes de equipo como en la construcción, cuyos visos de recuperación se atisban y, a la par, que se hagan realidad esas buenas perspectivas del sector inmobiliario.

·      Que la actual política monetaria del Banco Central Europea se sostenga y que no se produzca un tapering muy brusco. Es decir, que la retirada de los estímulos monetarios del BCE no sea drástica, facilitando aún la presencia de unos tipos de interés llevaderos.

Confluyendo esos factores, la economía española podría seguir —suponiendo que estemos a salvo de esas incertidumbres que golpean a menudo a la economía mundial, incluyendo el fenómeno Trump y sus consecuencias que están por ver— con su velocidad de crucero. Entonces sí que la expansión económica se plasmaría en una mejor recaudación de impuestos sin necesidad de forzar la máquina recaudatoria.

El IVA funciona bien, el empleo se comporta adecuadamente con más contribuyentes tributando por el IRPF, más beneficios para nuestras empresas que cristalizan en más ingresos por el Impuesto sobre Sociedades, mejoras en las cotizaciones sociales con más gente trabajando, amén de mayores cobros por parte de la Hacienda Pública gracias a las restantes figuras tributarias, con la vista puesta en que los ingresos del Estado alcancen un objetivo por encima de los 445.000 millones de euros con el que encajar el golpe de unos gastos públicos que alcanzarían en 2017 los 480.000 millones de euros.

¿Será factible ajustar 16.000 millones de euros en nuestras cuentas públicas durante 2017 bajo la batuta de quienes gestionan nuestros dineros para más o menos acercarse a los objetivos de déficit comprometido? Sin duda, no será empeño asequible y ojalá se consiga sin retorcer aún más el pescuezo a los cada vez más esquilmados contribuyentes españoles.