La inmigración se convierte en el eje de la política en Europa

La inmigración, sea legal o ilegal, se ha convertido en el eje de la política y del debate público en Europa y en América. La lista de ejemplos es larguísima.

En Chile, en campaña electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, se discute sobre la responsabilidad de grupos de venezolanos y haitianos en la delincuencia. En Estados Unidos, el presidente Trump ha ordenado construir once nuevos kilómetros de muro en la frontera con México, a pesar de las protestas de la presidenta Sheinbaum.

En Portugal, el partido de centro del primer ministro, Luis Montenegro, y el de derechas, Chega, han aprobado limitar la concesión de visados para la búsqueda de empleo sólo a inmigrantes altamente calificados; endurecer las condiciones para el reagrupamiento familiar; y fundar una nueva unidad dentro de la Policía para perseguir la inmigración ilegal y organizar la expulsión de extranjeros en situación irregular.

Al otro extremo de la UE, el Parlamento griego suspendió hace pocos días por tres meses la posibilidad de que las personas que llegan en barco desde el norte de África soliciten asilo y estableció que se les devolviera a sus países de origen.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, presentó en mayo un programa para reducir la inmigración, que incluye la ampliación del tiempo necesario para obtener la nacionalidad a 10 años. También confirmó la existencia del Gran Reemplazo al declarar: «Estamos poniendo fin al experimento (sic) de fronteras abiertas de Gran Bretaña. Durante demasiado tiempo, se alentó activamente a las empresas a contratar trabajadores con salarios más bajos, en lugar de invertir en nuestra propia gente». Aunque horas después lamentó haber dicho que el país estaba en riesgo de convertirse en «una isla de extranjeros», esta expresión la oyeron todos los británicos.

La inmigración es causa de enfrentamiento entre Alemania y Polonia. Ambas naciones están gobernadas por Friedrich Merz y Donald Tusk, respectivamente, que pertenecen al Partido Popular Europeo, combaten a «los populistas de extrema derecha» y están aliados con los socialistas. En vez de mantener cierta alianza ideológica, los intereses nacionales (y las encuestas) los están separando.

La policía alemana está haciendo redadas de inmigrantes ilegales y el gobierno, formado por la CDU y el SPD, procede a deportarlos, incluso en avión a Afganistán. En otros casos, los expulsa por vía terrestre; es decir, los coloca en las fronteras con sus vecinos, sobre todo con Polonia, que es uno de los más afectados. En consecuencia, el gobierno de Tusk implantó a principios de julio controles en 52 puntos de su frontera con Alemania y, asimismo, con Lituania, para frenar la inmigración.

Otros miembros de la UE han establecido controles semejantes: Austria, Rumanía, Bulgaria, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia… El espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas entre 29 países, está cada vez más debilitado debido al malestar popular con una inmigración que los gobiernos han prometido detener.

Para no alargar más esta lista, el europarlamentario Nicola Procaccini contó en un reportaje del New York Times (29-6-2025) que, cuando fue elegido por primera vez, en 2019, muchos de sus colegas no querían compartir con él el ascensor ni saludarle, porque su partido, Fratelli d’Italia, tenía una postura sobre la inmigración entonces inaceptable. Mientras tanto, a los activistas por los derechos de los migrantes se les invitaba al Parlamento Europeo. Ahora, el trato está cambiando. Según declaró al periódico: «Los que nos decían que nuestro enfoque era racista y xenófobo están empezando a decir poco a poco: ‘Bueno, quizá tengan algo de razón’». La primera ministra italiana actual, Giorgia Meloni, pertenece al mismo partido que Procaccini.

En este ambiente social y político de giro de casi 180 grados, España vuelve a confirmar que es diferente. Por ejemplo, en mayo España fue el país que registró más peticiones de asilo de la Unión Europea, casi 12.800, por encima incluso de Alemania.

Mientras todos los países occidentales toman medidas contra la inmigración, el Gobierno de izquierdas de Sánchez insta a la policía y la prensa a ocultar la nacionalidad de los delincuentes cuando éstos no son españoles y concede más dinero para los inmigrantes ilegales, a los que los ministros siguen llamando «los niños y niñas que huyen de la guerra». En concreto, 140 millones aprobados el 22 de julio.

El coste para los ciudadanos españoles de un inmigrante ilegal atendido por los servicios sociales y las ONG supera los 52.000 euros anuales, ya que el Gobierno ha reconocido que daba 145 euros diarios por «niño» a las comunidades autónomas. ¡Qué inmenso negocio debe de haber en estos programas de asistencia, al igual que en la ayuda al desarrollo!