Dos informes del Gobierno de 2022 alertaban de la urgencia para renovar la flota de aviones antiincendios

Dos informes del Gobierno de Pedro Sánchez ya alertaban en 2022 de la urgencia para renovar la flota de aviones antiincendios, cuya merma ha quedado en evidencia en el deficiente plan de recursos del Ejecutivo para hacer frente a la fuerte oleada de fuegos de este mes de agosto, que se ha cobrado ya la vida de cuatro personas.

Tales documentos son la Estrategia Forestal Española (EFE) horizonte 2050 y el Plan Forestal Español (PFF) 2022-2032, que fueron aprobados conjuntamente en el Consejo de Ministros celebrado el 20 de diciembre de 2022 a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo principal de tales informes, según el Gobierno, consistía en «conseguir montes gestionados, bien conservados activamente, más resilientes frente al cambio climático, protegidos de las amenazas principales (abandono forestal, incendios, enfermedades y plagas), y que proporcionen los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para nuestro bienestar y para hacer posible que la economía inicie una necesaria transición ecológica».

El primero de ellos, la Estrategia Forestal Española (EFE) horizonte 2050 planteaba que «la parte más significativa» de los medios aéreos de los que disponía el Ministerio para la Transición Ecológica la conformaba «la flota de 18 aviones anfibios de gran capacidad de descarga, 5.500 litros, propiedad del Ministerio y que son operados y mantenidos por el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire en virtud de un Acuerdo interdepartamental entre el Ministerio de Defensa (MINISDEF) y el MITECO».

«El envejecimiento de la flota hace que urja su paulatina sustitución y modernización, ya prevista por el Ministerio para la Transición Ecológica, que además está estudiando la forma de contar con otros medios alternativos para evitar la disminución de la operatividad y eficacia en la extinción de incendios forestales durante el proceso de modernización de la flota», rezaba en dicho documento.

Por su parte, el Plan Forestal Español (PFF) 2022-2032 incluía, entre las medidas de desarrollo y acciones o actuaciones de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación hasta el marco temporal de 2025, la «renovación y modernización paulatina de la flota de medios aéreos, incluyendo, en su caso, los aviones anfibios, para mantener la operatividad y eficacia en la extinción de incendios forestales».

De hecho, este documento contemplaba para esta y otras medidas, como la modernización de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), una inversión de 850 millones de euros por parte de dicha Dirección General y de otros 430 millones correspondientes al Plan europeo de recuperación.

Sin embargo, llegó el año 2025 y, como publicó OKDIARIO la semana pasada, el Gobierno no acometió dicha renovación de la flota antiincendios, tanto que incluso la redujo de 47 a 42 aeronaves en la externalización de este servicio que el Ejecutivo contrata a empresas privadas para apoyar a las comunidades autónomas. Y en lo referente a los aviones anfibio tipo 1 (FOCA), que sí son propiedad del Estado, de los 18 que tenía en 2021 se ha pasado a una decena, según datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. Entretanto, no fue hasta abril de 2024 cuando el Gobierno anunció que España tendrá siete nuevos aviones anfibios contra incendios forestales a partir del año 2027.

En la memoria de dicha contratación externa, licitada por importe de 154 millones y resuelta el pasado enero, la propia Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, reconoce que la falta de Presupuestos General del Estado -Sánchez sigue con las cuentas prorrogadas de 2023- ha sido la causante de la merma de estos medios aéreos en la lucha contra el fuego.

«El número total de aeronaves previstas en este expediente asciende a 42, cinco aeronaves menos que las que hasta la fecha se venían contratando», admite el Gobierno, realizando el siguiente desglose: 26 helicópteros medios de transporte de brigadas y lanzamiento de agua; un helicóptero bombardero semipesado; cinco aviones anfibios de capacidad media, seis aviones de carga en tierra de capacidad media y cuatro helicópteros ligeros. «Esta propuesta de contratación se considera razonable teniendo en cuenta la situación del mercado nacional e internacional», decía el Ejecutivo, lastado por las sanciones de la UE a los ocho helicópteros Kamov de fabricación rusa que antes de la guerra de Ucrania sí usaba a través de esta externalización.

Y añadía: «Por otra parte, un factor importante que impide contratar un mayor número de medios es la ausencia, por el momento, de Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2025, lo cual implica que el dimensionamiento del dispositivo deba acomodarse a dicho escenario, posponiendo un potencial refuerzo adicional para el momento en el que el marco presupuestario se clarifique».