En Europa crece la delincuencia más violenta
La élite europea ampara todo acto que realiza, sobre todo de limitación de derechos fundamentales, con la coletilla de «los valores europeos». Uno de estos valores que nunca se cita, pero que ha constituido un elemento de diferenciación respecto al resto del mundo, es el de la seguridad personal. Casi todas las naciones europeas se encuentran entre las más seguras del mundo.
En la lista de países por tasa de homicidio, los primeros miembros de la UE aparecen a partir del puesto número 100. Se trata de otra de esas conquistas sociales, como la vivienda en propiedad, que están desvaneciéndose, al parecer con la complacencia de los gobernantes.
Aunque la prensa de papel y los informativos de televisión las omitan, las últimas noticias son espeluznantes. Sólo en España, la Policía descubrió la implantación del terrible y despiadado Cártel Jalisco Nueva Generación en Talavera de la Reina y Ávila, con la colaboración de la DEA de EEUU. Se detuvo al jefe de Los Lobos, la mayor organización criminal de Ecuador, que había fingido su muerte y se movía por España y Emiratos Árabes. Una banda marroquí introducía cargamentos de hachís en helicópteros en la Península, hecho tanto más sorprendente cuanto España se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista. Las bandas latinas reclutan a miembros a la salida de los colegios. Y, según un reportaje de la prensa española, la Policía calcula en unos cuarenta al año los asesinatos por ajustes de cuentas, cometidos por sicarios que llegan a cobrar menos de 2.000 euros.
A pesar de todo lo anterior, España es un oasis en comparación con otros miembros de la UE. Por ejemplo, la princesa Amalia, de la casa real de Orange, se mudó a Madrid entre 2023 y 2024 para escapar de las amenazas de la Mocro Maffia, que controla el tráfico de droga en los Países Bajos.
La erosión del Estado no sólo ocurre en puntos de España, como el estrecho de Gibraltar, el Guadalquivir, la Cañada Real, el puerto de Barcelona o Salt. También pasa en Suecia, donde la Policía no puede detener los tiroteos y ataques con bomba entre bandas de narcos, formadas por extranjeros o «nuevos suecos». Inglaterra ha alcanzado el deshonor de ser el país con la más alta tasa de violaciones del mundo, una enorme proporción de ellas perpetradas por inmigrantes ilegales que entraron en el país en botes y a los que se concedió asilo, como ha probado una investigación del Daily Mail. Y en Francia se han censado en más de 850 ciudades barrios controlados por fundamentalistas islámicos, que imponen sus normas al margen de las leyes republicanas, y narcotraficantes.
De regreso a Suecia, allí preocupa la implicación de los menores de edad en esta delincuencia violenta. El año pasado, se acusó a 280 niñas de entre 15 y 17 años de asesinato, homicidio involuntario o delitos violentos. Las redes criminales como Foxtrot, Dalen y Rumba, cuyos jefes operan desde Turquía, Irán y México, las captan para que hagan de mulas de droga o armas y hasta de sicarias. El pago por arrojar una granada de mano a una vivienda o local es de 50.000 coronas. Las estúpidas leyes europeas consideran a los menores de edad en algunos casos hasta inimputables. Privilegio que aprovechan tanto los adolescentes como los capos.
La gran delincuencia, como sabemos por las mafias italianas y los cárteles de drogas colombianos, no se queda en su territorio, sino que se expande para aumentar sus beneficios. Con su crueldad, sus sicarios y su dinero, esas organizaciones pueden imponer su voluntad, mediante el miedo o el soborno. Varios mandos policiales europeos han sido detenidos con fortunas provenientes de su colusión con narcos. El último de ellos en España ha sido el jefe antidroga de Valladolid, quien vendía a un clan dominicano los alijos que incautaban sus hombres.
Podemos comprender la magnitud del problema con la carta abierta que un juez publicó en la página web de los tribunales del reino de Bélgica y dirigida al comité de Justicia de la Cámara de Diputados. El magistrado denuncia que su país se acerca al punto en el que se podría considerar como «narcoestado» y le exige al Gobierno federal que «asuma la responsabilidad de proteger sus propios cimientos» y respalde a los jueces, policías y guardias penitenciarios que arriesgan su vida.
La indiferencia del Estado belga ante la suerte de sus funcionarios atacados por los cárteles de la droga recuerda la del Estado español ante los atentados terroristas de ETA.
El juez plantea a los diputados una serie de propuestas sencillas: 1) Una legislación que les permita trabajar de forma anónima. 2) Un punto de contacto permanente dentro del Ministerio del Interior para los magistrados amenazados, con un protocolo elaborado. 3) Un seguro que cubra a los jueces y sus familiares en caso de atentados. 4) La supresión de las direcciones de los jueces en bases de datos como el Registro Nacional. 5) El bloqueo de señales electromagnéticas en todas las cárceles.
Las amenazas son reales, pero los remedios ahí están y la fuerza de los Estados sigue siendo inmensa, como sabemos los ciudadanos cuando topamos con la Administración para solicitar una licencia de obras o impugnar una multa. En un ejemplo de lo que en el Reino Unido ya se llama two tier system (sistema de doble vara), los jueces británicos están encarcelando a personas por textos escritos en redes sociales que critican al gobierno del socialista Starmer o la inmigración, a la vez que dejan libres, con sólo una condena de servicios comunitarios, a condenados por violación.
¿Por qué esas propuestas y esos métodos que los verdaderos expertos piden y otros gobernantes usan con éxito, como está pasando en Estados Unidos, no los adoptan los Gobiernos europeos? ¿Quizás porque esas mafias ya han penetrado en los despachos ministeriales?, ¿por el terror que les tienen los políticos? Aunque se amargue el aperitivo a algunos, tenemos que subrayar que si se mantiene la fracasada política de seguridad, España, Suecia o Bélgica continuarán degradándose hasta ser México. Precisamente, ha sido el discurso contra la delincuencia una de las principales razones de las victorias electorales de Donald Trump y, en Chile, de José Antonio Kast.
Los Gobiernos, los tribunales, las policías y los ejércitos europeos que no pueden proteger a sus ciudadanos de bandas violentas, ni impiden la violación de las fronteras por las mafias de la inmigración y el narco, ¿de verdad pretenden enfrentarse a Rusia?