La “dictadura blanca” de Tarradellas

Una de las falacias del proceso es que iba de democracia. Hasta colgaron, en los estudios de TV3 en Sant Joan Despí, una pancarta gigante con este lema. Lo cual era muy grave. Primero, porque era un medio público. Imaginen que en Telemadrid hubieran colgado otra similar a favor de la Constitución o de la unidad de España. Los indepes se lo hubieran tomado como una afrenta. Un ataque a Catalunya. En segundo lugar, porque mentían. No iba de democracia, iba de independencia. La democracia es también el respeto a las minorías y el cumplimiento de las leyes. Con el agravante, además, de que era un medio de comunicación público. Aunque me temo que, con el tiempo, TVE ha superado ya las líneas rojas de TV3.

Todo esto viene a cuento por el último episodio vivido en el Parlamento catalán. La líder de Aliança, Sílvia Orriols, reveló el pasado miércoles durante la sesión de control, que la comisión del Estatuto del Diputado descartó abrir una investigación a la diputada de la CUP Laure Vega.

Es aquella que, en un pleno del pasado 12 de marzo, felicitó a los magrebíes de Salt que provocaron incidentes durante varias noches, después de que desalojaran al imán de la localidad por okupa. «En Cataluña –afirmó entonces– lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio. Enhorabuena a la comunidad musulmana de Salt. Sois un ejemplo».

Que sepan los agentes de la policía autonómica, pues, a qué atenerse. Cada vez tienen más difícil hacer su trabajo. Están atados de pies y manos, como ya conté en mi artículo anterior. A raíz de la visita del profesor argentino Marcelo Gullo para presentar su última obra, Lepanto, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Apenas una cincuentena de personas intentaron amargarnos la fiesta.

La exoneración, por cierto, fue con los votos del PSC, Junts, ERC, los Comunes y la CUP. Especialmente grave es el voto de los socialistas, porque gobiernan y –al frente de un ejecutivo monocolor– dirigen también el Departamento de Interior. La ex alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, está en teoría al frente. O estás con la autoridad o estás con los antisistema. Como su predecesor, Joan Ignasi Elena, que siempre estaba con estos últimos.

La comisión, por otra parte, está presidida por el diputado de Junts Toni Castellà, uno de los hombres de confianza de Puigdemont. Otrora secretario de organización de Unió con Josep Antoni Durán y Lleida. Mientras que el secretario es Jordi Albert, d’Esquerra.

Lo bueno es que el mismo órgano quiere, en cambio, sancionar a la alcaldesa de Ripoll por haber acusado precisamente a ERC de «blanquear la discriminación y sumisión de las mujeres dentro de esta cámara. ¿O es que el Islam es intocable?».

O pedir que «legislen para que el velo islámico misógino y fundamentalista no pueda sentarse en esta mesa». Finalmente, lamentar que «contribuyen a convertir este hemiciclo en el expositor improvisado de la misoginia islámica».

Todas veladas alusiones, más bien directas, a la diputada de ERC de origen magrebí, Najat Driouech, que asiste a las sesiones con hiyab. Elegida diputada en el 2017, fue el fichaje estrella de los republicanos en las primeras elecciones tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una apuesta personal de la entonces secretaria general, Marta Rovira, para atraer el voto inmigrante.

Las afirmaciones de la líder de Aliança pueden parecer contundentes, incluso duras, pero ejemplifican la doble vara de medir. Entre otras razones, porque la presidenta de la cámara durante el proceso, Carme Forcadell, también de Esquerra, alegó durante el juicio en el Supremo el 26 de febrero del 2019 que «en un Parlamento se ha de poder hablar de todo». Fue, de hecho, su estrategia de defensa. Con poco éxito, todo hay que decirlo.

Nos estamos acercando peligrosamente a la «dictadura blanca» que predijo Josep Tarradellas a mediados de los 80. En 1986, durante una conversación con un grupo de periodistas –supongo que progres–, el expresidente de la Generalitat alertó contra una «dictadura blanca».

«La gente se olvida de que en Cataluña gobierna la derecha; que hay una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte», afirmó.

Curiosamente, la crónica que daba cuenta de su opinión fue publicada en el diario El País el 2 de noviembre de 1985. Iba firmada por José Antich, más tarde director de La Vanguardia y ahora del digital indepe El Nacional.

Por supuesto, votamos cada cuatro años. Más incluso entre generales, autonómicas, municipales y europeas. Pero, en efecto, hay indicios alarmantes en el horizonte. Todo el que nada a contracorriente, se aleja del marco mental imperante o rompe el relato oficial –como la citada Sílvia Orriols–, corre el riesgo de ser estigmatizado o excluido. Lo digo incluso por experiencia. Quizá porque el oasis catalán siempre fue mediático.