Estado de alarma en Madrid

Marlaska atemoriza durante 3 horas a los madrileños con controles policiales sin el decretazo en el BOE

El Gobierno de España ha puesto en marcha este viernes controles de movilidad en las salidas de Madrid a pesar de que el decreto del estado de alarma aún no había salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado el visto bueno al despliegue de Policía Nacional y la Guardia Civil aunque no había ningún sustento legal que amparara la acción de los agentes.

La propia Delegación del Gobierno en Madrid, que lidera el socialista José Manuel Franco, ha difundido fotografías en Twitter de estos controles a las tres de la tarde cuando el BOE aún no había publicado ningún texto sobre las nuevas normas.

Hasta el momento, la situación era que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había tumbado la orden ministerial de Salvador Illa para confiar 10 municipios de la Comunidad de Madrid. Este viernes por la mañana se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma sin negociar con el Ejecutivo regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso.

En un primer momento, la rueda de prensa de los ministros Grande-Marlaska e Illa iba a ser a las doce de la mañana. Sin embargo, tras un Consejo de Ministros de alto voltaje presidido por Carmen Calvo, hasta pasadas las tres no se ha producido la comparecencia ante los medios de comunicación. Sin embargo, hasta las cuatro y media, el Ejecutivo aún no había difundido en el BOE el decreto que daba cobertura legal a los policías y los guardias civiles de los controles de movilidad. Por ello, durante casi tres horas el Gobierno ha ordenado a los efectivos policiales controles a los conductores. Se les ha pedido documentación que justificara sus viajes, cuando la orden de restricciones que arrancó el lunes había sido tumbada por el TSJM.

En rueda de prensa, Fernando Grande-Marlaska aseguró que más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se iban a desplegar «de inmediato» en carreteras y principales infraestructuras de transportes públicos para controlar las restricciones de movilidad del real decreto del estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

Desde el Palacio de La Moncloa, el titular del Interior ha señalado que los agentes, en colaboración con las policías locales, podrán multar en caso de desplazamientos no justificados, como ya ocurrió en marzo con el estado de alarma para el conjunto del país, aunque Grande-Marlaska ha subrayado que «no hay fin recaudatorio» sino interés por velar por la salud de los ciudadanos.

El plan desplegado por Interior estará coordinado desde la Secretaría de Estado de Seguridad -habrá un centro de control que se reunirá todos los días- y también revisará el despliegue de policías municipales en Madrid capital y los otros ocho municipios afectados por el estado de alarma, los mismos excepto Alcalá de Henares, donde el Gobierno dice que han mejorado los datos del coronavirus.

Este dispositivo, ha dicho el ex juez, se ha diseñado sin que «exista merma del resto de servicios que prestan» las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de quienes ha ensalzado su «profesionalidad y dedicación». A preguntas de la prensa sobre las cuantías de las multas, el ministro del Interior se ha remitido a la «legislación competente» que recoge en su articulado el real decreto del estado de alarma aprobado en el Consejo de Ministros celebrado este viernes, sin aportar más detalles.

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen las herramientas necesarias y se aplicarán con la proporcionalidad y necesidad que sea imprescindible, como vienen haciendo desde el principio. Este tipo de medidas sancionadoras y multas en este ámbito no tienen un fin recaudatorio, lo que tienen estrictamente es garantizar la salud pública del conjunto de ciudadanos», ha esgrimido Fernando Grande-Marlaska, que ha subrayado en que es esto último lo que determina las posibles sanciones.

Durante los tres meses que estuvo en vigor el estado de alarma decretado el 14 de marzo para toda España se tramitaron más de un millón de propuestas de sanción. En el caso de la Comunidad de Madrid, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales formularon 184.178 propuestas de sanción por infracciones especialmente contempladas en los artículos 36.4, 36.5 y 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’ que el Gobierno quiere reformar.

Además, 1.410 personas fueron detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad en la región, hubo 2.091.750 identificaciones y 29.390 vehículos fueron interceptados en la vía pública sin autorización para circular en esta primera época de alarma, según los datos recabados por la Delegación del Gobierno, que es el organismo que tramita dichas sanciones.

En su comparecencia de este viernes, Fernando Grande-Marlaska ha repetido en varias ocasiones que la actuación policial lo que hace es atender a una «preocupación por la salud» en un contexto de pandemia por COVID-19, y en vísperas del Puente del 12 de Octubre. En este sentido, ha indicado, como recoge Europa Press que los agentes hasta este mismo viernes han establecido «controles informativos». «El fin primero y último es garantizar la salud de los ciudadanos», ha concluido.

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