Ayuso denuncia la maniobra de Sánchez para identificar la sede del Gobierno de Madrid con el franquismo

La Comunidad de Madrid va a requerir formalmente al Gobierno de España que cancele la declaración de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, como Lugar de Memoria Democrática, trámite que constituye el paso previo al planteamiento de un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Comunidad entiende que «la decisión unilateral del Estado representa un ataque frontal a distintas competencias exclusivas autonómicas y al principio de lealtad institucional».

García ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que quiera «vincular esta sede con el franquismo» por el hecho de haber funcionado en «un período corto de su historia» (de 1939 a 1975) como Dirección General de Seguridad del régimen franquista.

Este edificio en la Puerta del Sol, con más de 250 años de historia, tiene la máxima protección como Bien de Interés Cultural. Durante este tiempo, la Real Casa de Correos, (un edificio de finales del siglo XVIII) ha sido testigo, por ejemplo, de los levantamientos del 2 de mayo de 1808, ha sido sede del servicio postal o el Ministerio de Gobernación.

Desde 1985 es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y, a juicio de García, está ya «completamente resignificada», replicando el argumento esgrimido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respecto a la comisaría de Via Laietana de Barcelona.

La Dirección General de Atención y Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aprobó el 16 de octubre de 2024 una resolución para iniciar este procedimiento administrativo.

En esa resolución, el Ejecutivo central explica que la Dirección General de Seguridad en la época de Franco se encontraba en la actual Real Casa de Correos, que se encuentra en la Puerta del Sol, 7, Madrid-28013. Y añaden: La Dirección General de Seguridad fue centro sistemático de tortura como práctica de obtención de información y castigo a los detenidos que importunaban al régimen franquista, es decir, lugares donde se han cometido crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local presentó el mes pasado un escrito de alegaciones contra esta decisión unilateral. En él también denuncia que el Estado ha actuado con total falta de lealtad institucional.