El Supremo tumba las últimas artimañas de Ábalos y Koldo para evitar el juicio que empezará en abril

El Tribunal Supremo ha desbaratado los últimos intentos de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y de su ex asesor Koldo García de torpedear el proceso judicial que los tiene acusados de corrupción en el caso Koldo. Las defensas pedían la recusación de cinco de sus siete magistrados y la devolución íntegra de los dispositivos electrónicos incautados, allanando el camino para un juicio que arrancará previsiblemente en abril. La Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos una pena de 24 años de cárcel.

La audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero en el imponente Salón de Plenos del Supremo dejó imágenes reveladoras: Ábalos inquieto, recolocándose en su asiento y mirando al techo; Koldo García cubriéndose el rostro con la chaqueta; y Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, impasible y atento a cada intervención. Los tres acusados compartieron banquillo por primera vez en lo que supuso un ensayo general del juicio que se avecina.

La defensa de Koldo García, representada por la letrada Leticia de la Hoz, trató de apartar a cinco de los siete magistrados que componen el tribunal. La solicitud afectaba a cuatro de ellos —el presidente Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Andrés Palomo— por haber intervenido en la Sala de Admisión, y al magistrado Julián Sánchez Melgar por haber sido fiscal general del Estado a propuesta del PP, partido que encabeza la acusación popular en este procedimiento.

El tribunal se retiró a deliberar durante un cuarto de hora. A su regreso, Martínez Arrieta fue contundente: «Como usted sabe, el 14 de enero de 2026 se comunicó la composición de la Sala. La recusación que ha formulado ha sido de forma extemporánea». La maniobra, presentada en el último momento, fue rechazada de plano.

La devolución de los dispositivos electrónicos incautados durante los registros domiciliarios —entre ellos un disco duro propiedad del propio Ábalos— fue la otra gran batalla de la jornada. De la Hoz insistió en la petición alegando «igualdad de armas» y calificándola de «una causa de nulidad como un castillo de grande». El fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se opuso con firmeza.

La respuesta de los acusados durante la vista fue elocuente. Koldo García abrió mucho los ojos y negó con la cabeza al escuchar al fiscal. Ábalos trazó una sonrisa irónica, con la mirada clavada en el suelo. Los dos coacusados dialogaban entre sí mientras Luzón argumentaba por qué los dispositivos no debían ser restituidos. El tribunal tampoco accedió a esta pretensión.

Antecedentes del caso

El caso Koldo estalló en febrero de 2024 cuando la Guardia Civil detuvo a varios empresarios y altos cargos en el marco de una investigación sobre presuntos pagos de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

La trama habría girado en torno a la adjudicación de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, cuando Ábalos ostentaba la cartera de Transportes. Koldo García, su entonces jefe de gabinete, y Víctor de Aldama, empresario y presunto intermediario de la red, fueron detenidos e ingresados en prisión provisional el 27 de noviembre de 2024.

La causa llegó al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Ábalos como exdiputado. Junto a él se sientan en el banquillo Koldo García y Aldama, cuyas responsabilidades penales la Fiscalía Anticorrupción ha ido desgranando a lo largo de la instrucción.

Durante las más de cuatro horas que se prolongó la audiencia preliminar, el contraste entre los tres acusados no pasó desapercibido. Mientras Ábalos y Koldo se susurraban e intercambiaban ocasionalmente alguna sonrisa nerviosa, Aldama permanecía erguido en su asiento, «miraba a quien tenía el turno de palabra y, si acaso, admiraba los tapices de color granate de las paredes y la cristalera que adornan el Salón de Plenos». Sólo intervino en una ocasión, para solicitar, a través del agente que tenía a su lado, una breve salida de la sala.

Juicio oral en abril

Con los últimos escollos procesales despejados, el juicio oral queda a la espera de señalamiento definitivo en abril. Será entonces cuando las partes interroguen a testigos y peritos, expongan la documentación que estimen pertinente y, finalmente, tomen declaración a los tres acusados.

Para Ábalos, la Fiscalía solicita 24 años de prisión por delitos de corrupción. La magnitud de la petición convierte este proceso en uno de los más relevantes de la historia judicial reciente en España, no sólo por la gravedad de los hechos imputados sino por la condición de quien los protagoniza: un ex secretario de Organización del PSOE y ex ministro durante una emergencia sanitaria global.

En abril, cuando las sesiones del juicio oral comiencen, será el escenario donde la verdad judicial deberá abrirse paso entre maniobras procesales, dispositivos incautados y gestos que, a veces, dicen más que cualquier declaración.