Koldo y Ábalos atacan a Aldama y piden que el ‘caso mascarillas’ pase del Supremo a la Audiencia

Las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos han desplegado este jueves 12 de febrero una batería de impugnaciones ante el Tribunal Supremo con un objetivo claro: anular el procedimiento del caso mascarillas o, en todo caso, lograr que la causa se traslade a la Audiencia Nacional.

En una vista preliminar tensa y prolongada durante casi cuatro horas, ambos acusados han cuestionado la competencia del Alto Tribunal, han recusado a cinco magistrados y han cargado contra el tercer procesado, Víctor de Aldama, al que han solicitado someter a un careo y a la prueba del polígrafo. El empresario, que ha llegado a pie al disponer de libertad provisional, se ha desmarcado de sus coacusados y se ha alineado con la Fiscalía Anticorrupción.

La sesión, presidida por Andrés Martínez Arrieta en la Sala de lo Penal, ha comenzado con la notificación de la sustitución del juez Vicente Magro por Susana Polo, del ala izquierdista, por necesidades de servicio. De este modo, el tribunal que se encargará de la vista oral quedará compuesto por Martínez Arrieta, Sánchez Melgar, Marchena, Palomo, De Porres, Polo y Javier Hernández. El presidente ha fijado turnos de media hora y ha pedido a los letrados no reiterar las cuestiones ya trasladadas por escrito.

El ex ministro socialista de Pedro Sánchez y su antiguo asesor, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, han accedido al Supremo en un furgón policial. Ninguno de los dos ha tomado la palabra; han sido sus abogados quienes han sostenido que son inocentes. Lo único que han hecho ha sido negar ligeramente con la cabeza cuando hablaba el fiscal y el letrado del PP que representa a todas las acusaciones populares.

Recusación y competencia

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha abierto fuego recusando a cinco magistrados. Sobre Julián Sánchez Melgar, ha alegado que tiene una «manifiesta afinidad» con el PP —acusación popular en la causa— por haber sido fiscal general del Estado a propuesta de ese partido. Del resto —Martínez Arrieta, Marchena, Palomo y De Porres— ha argumentado que ya tienen un juicio previo formado al haber resuelto sobre la apertura del procedimiento desde la Sala de Admisión, pese a que «hasta siete denuncias previas fueron archivadas».

La Fiscalía, la acusación popular que unifica el PP y la propia defensa de Aldama se han opuesto de forma radical. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha incidido en que la composición de la Sala «se conoce desde hace tiempo». El presidente ha rechazado la petición por extemporánea, recordando que dicha composición fue comunicada el 14 de enero de 2026. De la Hoz ha formulado «respetuosa protesta» y ha anunciado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El núcleo de la estrategia defensiva ha girado en torno a la competencia del Supremo. De la Hoz ha denunciado que su cliente está siendo investigado en la Audiencia Nacional «por los mismos delitos y el mismo periodo», y ha exigido: «O se le juzga allí o se le juzga aquí».

Ha solicitado incluso una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que juzgar a Koldo en el Supremo le priva de la doble instancia. La letrada no ha escatimado contundencia al denunciar la falta de acceso a los dispositivos electrónicos incautados: «Es una causa de nulidad como un castillo de grande». Por su parte, el PP descarta esos extremos: no se le juzgará en la Audiencia por los mismos hechos y no se le puede dar todo el material de sus móviles, sólo lo que tiene que ver con el caso como ocurrió con Cerdán para no frustrar otras investigaciones abiertas.

En la misma línea, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha planteado la «falta de competencia sobrevenida» del tribunal. Ha explicado que la renuncia al acta de diputado no fue una «táctica dilatoria», sino que respondió a razones «de tipo económico y vital»: tras ser suspendido en sus funciones parlamentarias en noviembre a consecuencia de su ingreso en prisión, el exministro se quedó sin emolumentos ni coberturas sociales, una situación que ha calificado como «pariarización».

Polígrafo y careo

El momento más curioso de la jornada ha llegado cuando De la Hoz ha solicitado someter a Koldo y a Aldama a la prueba del polígrafo, argumentando que, si bien no está contemplada en la normativa vigente, tampoco se encuentra expresamente vetada. Además, ha pedido un careo entre su cliente y el empresario, y ha reclamado que el juicio se celebre con jurado popular. También piden la nulidad porque el Congreso presuntamente no autorizó a investigar a Ábalos por determinados delitos que aparecieron despues.

José Antonio Choclán, abogado de Aldama, ha rechazado el polígrafo calificándolo de prueba «novedosa y necesitada de un profundo análisis». Se ha desmarcado abiertamente de los otros dos acusados y ha aclarado la posición de su cliente: «Estamos conformes con los hechos, disentimos con la consecuencia penal». Ha anticipado que Aldama «declarará con total transparencia» y contestará a todas las preguntas «que se le quieran formular».

El fiscal Luzón ha acusado a la defensa de Koldo de mantener una «conducta errática y contradictoria», recordando que hasta la fecha había pedido traer la causa de la Audiencia Nacional al Supremo, y no al revés. Ha advertido de que enviar el caso a la Audiencia «generaría dilaciones indebidas» e impediría juzgar los hechos en un «plazo razonable».

Alberto Durán, del PP, ha tildado de «inútiles e improcedentes» varias pruebas de las defensas y ha corregido el origen de la investigación: no se abrió por un hallazgo casual en un caso de hidrocarburos donde hay una conversación azarosa sobre Koldo García por un ex guardia civil, sino por una denuncia de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. Ábalos y Koldo han negado con la cabeza al escucharlo.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Para Koldo solicita 19 años y medio por los mismos cargos, y para Aldama, siete años con la atenuante de confesión. Las acusaciones populares, lideradas por el PP, elevan su petición hasta los 30 años para el ex ministro y su ex asesor.

El presidente Martínez Arrieta ha levantado la sesión agradeciendo la síntesis a las partes y ha avanzado que la Sala resolverá las cuestiones previas en los próximos días. De no prosperar –como esperan las acusaciones–, el juicio oral podría arrancar en pocas semanas y se extenderá varias semanas. La maquinaria judicial se ha puesto en marcha y, aunque las defensas han intentado arrojar arena en sus engranajes con todo el arsenal procesal a su alcance, el reloj del caso mascarillas ya no parece dispuesto a detenerse.