Boye encadenó 16 mentiras en la demanda contra el juez Llarena en Bélgica

El equipo de abogados de Carles Puigdemont encabezado por Gonzalo Boye no sólo manipuló y falsificó unas declaraciones del juez Pablo Llarena para poder acusarle en Bélgica de vulnerar la presunción de inocencia de los imputados en la causa del 1-O.

La demanda firmada por Boye incluye no menos de 16 mentiras y omisiones deliberadas, que le permiten construir un relato político: España actúa como un «Estado delincuente» que «viola sistemáticamente los derechos fundamentales» en Cataluña y el juez Pablo Llarena ha actuado con «parcialidad y ensañamiento», vulnerando los derechos de los golpistas de la Generalitat procesados.

Todo ello con un doble objetivo: intentar deslegitimar en Bélgica toda la causa sobre el golpe de Estado del 1-O y fabricar un motivo de recusación para intentar apartar de ella al juez Llarena. Estas son las principales mentiras que Gonzalo Boye ha vertido en la demanda de Puigdemont contra el magistrado:

• • ANC y Òmnium. La demanda califica a la ANC y Òmnium como simples «asociaciones culturales» que «nunca han sido prohibidas ni disueltas». Es cierto que Ómnium se presentaba como una «asociación cultural» dedicada a cobrar subvenciones públicas para promover el uso del catalán (ha ingresado más de 10 millones de euros públicos desde 2006). En cambio la ANC nunca ha utilizado ese disfraz: fue fundada en marzo de 2012 como una organización política con el objetivo político de conseguir la independencia de Cataluña.
  • El derecho de autodeterminación. Boye sostiene que la Ley de convocatoria del referéndum del 1-O aprobada por el Parlament el 6 de septiembre de 2017 se basa en el «derecho de autodeterminación de los pueblos» reconocido en todos «los tratados internacionales ratificados por España». El derecho a la autodeterminación reconocido por la ONU sólo se refiere a las antiguas colonias y a regiones privadas de libertad en una dictadura. El propio secretario general de la ONU, Ban Ki Mun, dejó claro en octubre de 2015 que «Catalunya no está en la categoría de territorios con derecho a la autodeterminación».
  • El Constitucional no existe. Como si se tratara de una decisión política arbitraria, la demanda señala que la Fiscalía del TSJC abrió el 8 de octubre de 2017 una investigación a los miembros del Govern de Puigdemont por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Gonzalo Boye oculta el dato clave: la Ley de convocatoria del referéndum había sido suspendida (y luego anulada) por el Tribunal Constitucional, que apercibió personalmente a todos los miembros del Govern de los delitos en los que incurrirían si seguían adelante con la convocatoria.
  • No hubo violencia. La demanda califica de «protesta pacífica» la concentración de 40.000 personas que mantuvieron secuestrados durante más de 12 horas a los agentes de la Guardia Civil y a la comisión judicial que estaba registrando la sede de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017. Más allá de destrozar varios coches patrulla de la Guardia Civil, el hecho de que los concentrados coaccionaran y retuvieran durante horas a los miembros de la comisión judicial (la secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea) constituyen también una forma de violencia, de acuerdo con el Código Penal español.
  • «Concentraciones espontáneas». Gonzalo Boye también miente al decir que aquella manifestación de 40.000 personas fue una «concentración espontánea». No es cierto. Durante todo el día, la ANC convocó a través de las redes sociales a sus seguidores para reunirse ante la Conselleria de Economía, con el fin de impedir el registro ordenado por un juez. No fue una concentración «pacífica» ni «espontánea».

    

  • «Los Mossos obedecieron». La demanda añade que los Mossos d’Esquadra «han obedecido las instrucciones que les han sido dadas para impedir la celebración del referéndum y han confiscado las papeletas y el material electoral». Boye miente de nuevo. La causa que instruye la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional ha acreditado sobradamente que los Mossos recibieron instrucciones políticas de permitir que se celebrara la votación ilegal y, para simular que cumplían la orden del juez, únicamente requisaron algunas decenas de urnas cuando ya había concluido el escrutinio y se habían cerrado los colegios. No era ningún secreto: el entonces conseller de Interior Joaquim Forn había anunciado que la misión de los Mossos sería garantizar la celebración del referéndum ilegal.
  • «Más de 1.000 heridos». La demanda repite una de las habituales falsedades de los independentistas: la irrupción de la Guardia Civil y la Policía Nacional en los colegios electorales provocó «más de 1.000 heridos». Jamás se ha acreditado tal cosa. Es más, la mayoría de las denuncias presentadas por los supuestos heridos contra las fuerzas de seguridad han sido archivadas porque no han podido demostrar los hechos ni acreditar sus lesiones. El Departamento de Salud de la Generalitat incluyó en la estadística de heridos incluso a gente a la que le había dado un ataque de ansiedad viendo la tele en su casa.
  • «Ganó el sí con el 90% de los votos». Boye oculta que incluso los «observadores internacionales» comprados con dinero público por la Generalitat constataron que no podían validar el resultado del referéndum, en el que se produjeron todo tipo de irregularidades. Como demostró OKDIARIO, cualquier persona podía votar cuatro, cinco o incluso seis veces, porque el objetivo era hinchar la cifra de participación. Ninguna instancia internacional se ha tomado en serio el resultado del referéndum.
  • «El Rey ataca a los catalanes». Boye dice que en su discurso del 3 de octubre, el rey Felipe VI atacó a los catalanes. El discurso más bien devolvió la tranquilidad a más de la mitad de los catalanes, angustiados al comprobar que el Govern de Puigdemont se había colocado al margen de la legalidad. En ningún caso el monarca atacó a los catalanes, sino que instó a regresar a la legalidad a los responsables del Ejecutivo autonómico que habían vulnerado la Constitución
  • Iban de farol. La demanda explica que el 27 de octubre de 2017 «el Parlamento catalán declara formalmente la independencia. No se trata de la adopción de una ley sino de la lectura formal de un texto». Y aquí los independentistas se acogen a lo que más les convenga en cada momento: la declaración de independencia debía tener plena eficacia para engañar a sus votantes, pero debía permitirles decir que no tenía «ninguna eficacia» ante la Ley para evitar que sus responsables sean procesados.

• Están deseando colaborar. En la demanda, Boye asegura que sus cinco representados (Puigdemont y los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsati) han estado en todo momento deseosos de «colaborar» con la Justicia española desde Bruselas y se ofrecieron incluso a declarar por «videoconferencia». Gonzalo Boye omite otro dato clave: en varias entrevistas ha presumido de que fue él quien aconsejó a Puigdemont que se fugara de España, para huir de la Justicia española, y le aconsejó trasladarse a Bélgica porque era el país de la UE que más dificultades pondría a su extradición.
• Oculta la victoria de C’s. La demanda continúa su relato y señala que en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017 «los partidos independentistas ERC, Junts pel Catalunya (JxC) y la CUP confirman su mayoría absoluta en el Parlament». Para transmitir la falsa sensación de que el proceso de independencia responde a las ansias de la gran mayoría de los catalanes, oculta deliberadamente que el partido que ganó las elecciones fue Ciudadanos (C’s).
• Un «Estado delincuente». Boye dedica este calificativo a España apelando a otra mentira: dice que, al impedir la investidura de Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat, el juez Llarena ha vulnerado la «medida cautelar» dictada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el 23 de marzo de 2008. Nunca existió tan resolución de la ONU, se trata de un simple acuse de recibo de la queja presentada por el abogado Ben Emmerson en representación de los golpistas.
• El riesgo de fuga. La querella firmada por Boye alude varias veces a que el juez Llarena se ha negado a poner en libertad a los golpistas que cumplen prisión preventiva, debido al «riesgo de reiteración delictiva». Boye omite el segundo motivo esgrimido por Llarena, el «riesgo de fuga», que resulta evidente puesto que Puigdemont y los cuatro ex consellers huyeron de España por recomendación del propio Gonzalo Boye.
• No hubo malversación. La demanda firmada por Boye afirma categóricamente que «no se ha desviado o utilizado ningún fondo público con el fin de financiar la organización del referéndum, que fue íntegramente pagado con fondos privados». Gonzalo Boye miente de nuevo. Para sostenerlo, se aferra a la declaración del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien señaló que no tenía constancia de que se hubieran destinado recursos públicos a este fin. Pero en sus informes remitidos al juez, la Guardia Civil ha logrado acreditar que la Generalitat de Puigdemont gastó al menos 4,2 millones de euros públicos en la convocatoria y celebración del referéndum ilegal. Este dinero se destinó a partidas como la publicidad institucional, la compra de «observadores internacionales», el envío de material electoral y las aplicaciones informáticas para computar el voto de los residentes en el extranjero.
• Lo que Llarena nunca dijo. Toda la demanda se sustenta sobre la falsificación de unas declaraciones realizadas por el juez Llarena el pasado 22 de febrero en Oviedo ante unos periodistas. Como era su obligación, el magistrado eludió pronunciarse sobre el fondo de la causa del 1-O que instruye y negó que en España existan «presos políticos». Únicamente en la versión de la demanda presentada en francés en Bélgica, el equipo de abogados encabezado por Boye ha alterado las palabras del magistrado, para que parezca que dio por hecho que los imputados del 1-O han cometido los delitos que se le imputan. En cambio, esta manipulación se ha ocultado en la traducción de la demanda al castellano remitida al Tribunal Supremo. Se trata de un evidente fraude procesal, por el que Gonzalo Boye puede ser ahora suspendido o inhabilitado en sus funciones de abogado.