EL CANDIDATO A PRESIDENTE DE LA GENERALITAT, IMPLICADO EN EL CASO PALAU

Jordi Turull adjudicó una obra a Ferrovial a cambio de una comisión del 4% para el PDeCAT

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull. (Foto: EFE)

El candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull participó personalmente en la adjudicación de una obra amañada por la trama del caso Palau, a cambio de una comisión ilegal de 167.000 euros pagada por la constructora Ferrovial.

El tribunal que ha condenado a nueve años de cárcel a Félix Millet considera probado que, al adjudicar esta obra, Jordi Turull cumplía instrucciones de la dirección de su partido para que CDC (hoy PDeCAT) pudiera financiarse mediante el cobro de comisiones ilegales.

El presidente del Parlament, el independentista Roger Torrent, ha convocado un Pleno para este jueves a las 5 de la tarde, en el que pretende que Jordi Turull sea investido presidente de la Generalitat antes de que sea inhabilitado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Según la sentencia del caso Palau, una de las obras por las que Ferrovial pagó comisiones ilegales para financiar al PDeCAT fue la construcción de un pabellón de deportes en la Rambla del Celler de Sant Cugat. La obra fue adjudicada por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat el 29 de abril de 2002 a Ferrovial por 4.176.019 euros.

Turull
El tribunal del caso Palau destaca que Jordi Turull formaba parte de la mesa de contratación que adjudicó la obra amañada en Sant Cugat.

Tal como destaca el tribunal, entre los miembros de la mesa de contratación se encontraba Jordi Turull Negre, «militante de CDC, concejal desde 1991 en otra localidad cercana (Parets), miembro de la Diputación de Barcelona desde el mismo año y diputado del Parlament de Cataluña desde 2003. Nuevamente, la vinculación entre mesa de contratación y órgano de contratación y la vinculación con CDC aparece diáfana», destaca la sentencia.

Al día siguiente de la adjudicación, el presidente de la Fundación del Palau, Félix Millet, dirigió una carta al entonces delegado de Ferrovial en Cataluña, Pedro Buenaventura, en la que le indicaba que «ha estado intentando hablar con él porque ya hacía días que se le informó de la adjudicación de la obra del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés para la construcción de un nuevo pabellón PAV3, por un importe de 4.176.019 euros, indicándole que consideraba conveniente que comentaran el tema lo antes posible», relata la sentencia.

Cuando registraron el Palau de la Música, los Mossos encontraron el original de esta carta firmada de puño y letra por Millet, así como el reporte según el cual había sido enviada a la delegación de Ferrovial el mismo 30 de mayo a las 17:42 horas.

Millet
Félix Millet escribió una carta al delegado de Ferrovial para informarle de que ya se había adjudicado la obra de Sant Cugat, de acuerdo con lo convenido.

La carta estaba acompañada por un segundo documento, que Millet ordenó redactar a su secretaria, con el cálculo de las comisiones ilegales que debía pagar la constructora a cambio de esta obra. El documento lleva por título «Construcción de un nuevo pabellón PAV3 en Sant Cugat del Vallés».

En la página se indica el importe total del contrato y el desglose de las comisiones que debía pagar Ferrovial: 104.400,47 euros (es decir, el 2,5%) para el PDeCAT y otros 62.640,38 euros (el 1,5%) que se repartían entre Millet y Jordi Montull. En total, una comisión ilegal de 167.040,47 euros, «según el pacto alcanzado con Ferrovial y CDC», dice la sentencia.

caso Palau
Millet encargó a su secretaria que elaborara un documento en el que detallaba la comisión del 4% que debía pagar Ferrovial por adjudicarle la obra.

El tribunal muestra su convencimiento de que todos los cargos públicos de CDC que participaron en la adjudicación de esta obra (entre ellos, el hoy candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull) cumplían instrucciones para que su partido pudiera cobrar comisiones ilegales.

Al respecto, el tribunal señala directamente al tesorero del PDeCAT Daniel Osàcar  (condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por estos hechos) y al ex tesorero Carles Torrent, que falleció antes de poder sentarse en el banquillo.

«Los citados tesoreros», indica la sentencia, «prevaleciéndose de su condición y de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en la carrera profesional o política de aquellos a los que dirigieron su influjo, instaron a los miembros de las mesas de contratación, ya directamente, ya mediante la interposición de otro miembro del partido, a valorar las ofertas presentadas por Ferrovial como las mejores, de forma tal que luego el órgano administrativo que las adjudicaba formalmente, formado por personas pertenecientes a la citada CDC, pudiera adjudicar la obra a dicha mercantil sin tener que desviarse de la propuesta de la mesa, revistiendo con ello todo el proceso de una pátina de legalidad, legitimidad y rectitud, del que carecía por completo».

Está citado el viernes ante el juez Llarena

Así ocurrió en el caso de las obras del pabellón de deportes de Sant Cugat que cita la sentencia. La mesa de contratación (de la que formaba parte el candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull) dio la máxima puntuación a la oferta de Ferrovial y descartó la otra oferta presentada.

Al día siguiente de la adjudicación, Félix Millet confirmó al delegado de Ferrovial que el acuerdo ya era firme y le hizo llegar la minuta detallando el importe de las comisiones que debía pagar.

Jordi Turull está imputado en el Tribunal Supremo por un delito de rebelión, por la participación que tuvo en el golpe de Estado independentista de Puigdemont como conseller de Presidencia. Tras permanecer en prisión durante un mes, quedó en libertad el pasado 4 de diciembre al depositar una fianza de 100.000 euros.

Ahora, Turrull está citado para el próximo viernes en el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena podría comunicarle nuevas medidas cautelares o podría dictar su inhabilitación para evitar que siga delinquiendo.

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