Un tribunal de EEUU declara ilegales los aranceles de Trump, pero los mantiene hasta octubre

La justicia de EEUU ha emitido un nuevo fallo contrario a los aranceles del presidente del país, Donald Trump: un tribunal de apelaciones ha declarado que la mayoría de sus aranceles son ilegales. Esta decisión afecta tanto a los aranceles «recíprocos» aplicados a varios países como a los impuestos específicos dirigidos a China, México y Canadá.

No obstante, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de EEUU establece que la política arancelaria de Trump seguirá vigente hasta mitad de octubre porque el dictamen pretende dar tiempo a un posible recurso del Gobierno de Trump ante la Corte Suprema de Justicia.

El fallo plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en materia económica. Con una votación dividida de 7 a 4, el tribunal rechazó categóricamente el argumento de Trump de que los aranceles estaban amparados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una legislación que otorga al presidente facultades para actuar frente a amenazas «inusuales y extraordinarias» a la seguridad nacional.

Los jueces califican los aranceles de Trump como «no válidos por ser contrarios a la ley», argumentando que la imposición de gravámenes comerciales es una prerrogativa exclusiva del Congreso, no del presidente.

En un extenso fallo de 127 páginas, el tribunal explicó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia no menciona explícitamente los aranceles ni sus sinónimos, ni incluye garantías procesales que limiten claramente la capacidad del presidente para imponerlos. Por lo tanto, el tribunal sostiene que esta ley no otorga al Ejecutivo la autoridad para establecer impuestos comerciales, reafirmando que dicha facultad recae en el Congreso.

El fallo responde a dos demandas presentadas contra los aranceles de Trump: una por un grupo de pequeñas empresas afectadas por los gravámenes y otra por una coalición de estados que consideraron las medidas perjudiciales para sus economías.

Estas demandas surgieron tras las órdenes ejecutivas emitidas por Trump el 2 de abril, a las que el entonces presidente se refirió como el «día de la liberación» de Estados Unidos de políticas comerciales injustas. Dichas órdenes establecieron un arancel base del 10% a casi todos los países del mundo, además de aranceles «recíprocos» dirigidos a docenas de naciones específicas.

Asimismo, Trump impuso aranceles adicionales a Canadá, México y China, justificándolos como medidas necesarias para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, el fallo del tribunal los anula, aunque no afecta a otros, como los impuestos al acero y al aluminio, que fueron implementados bajo una autoridad presidencial distinta.

Trump defendió vehementemente sus aranceles, argumentando que su eliminación sería «un desastre total» para la economía estadounidense y debilitaría financieramente al país. En un mensaje público, el exmandatario escribió: «Hoy, un tribunal de apelaciones altamente partidista afirmó incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes».

Trump justificó los gravámenes amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, declarando una emergencia nacional comercial basada en la premisa de que los desequilibrios comerciales representaban una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, el tribunal desestimó este razonamiento, señalando que el Congreso nunca tuvo la intención de otorgar al presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles cuando aprobó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia en 1977.

El fallo subraya que, históricamente, el Congreso ha sido explícito al delegar la facultad de imponer aranceles, utilizando términos claros como «arancel» o «derecho» o estableciendo estructuras legislativas que indiquen claramente esa intención.

Los jueces advierten que interpretar la IEEPA como una autorización implícita para que el presidente imponga gravámenes sería una desviación sin precedentes de la práctica legislativa. En este sentido, el tribunal enfatizó que la potestad de imponer impuestos y aranceles sigue siendo una función esencial del Congreso, y la IEEPA no la anula ni la transfiere al Ejecutivo.

La decisión del tribunal no entrará en vigor de inmediato, ya que se ha establecido un plazo hasta el 14 de octubre para permitir al Gobierno de Trump presentar una apelación ante la Corte Suprema. Este período de gracia busca dar tiempo al Ejecutivo para preparar su caso y solicitar una revisión del fallo, que podría tener implicaciones de largo alcance para la política comercial de Estados Unidos.

Aranceles de Trump en un fallo anterior

Antes de este fallo, el Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, ya había declarado ilegales los aranceles en mayo, aunque esa decisión quedó en suspenso durante el proceso de apelación.

Los abogados de la Casa Blanca habían advertido previamente que la anulación de los aranceles podría desencadenar un colapso financiero comparable al de 1929, cuando el desplome bursátil dio inicio a la Gran Depresión. Este argumento no logró persuadir al tribunal, que priorizó la interpretación estricta de la autoridad legislativa sobre la comercial. La decisión también pone en cuestión la estrategia de Trump de utilizar los aranceles como una herramienta de presión en negociaciones internacionales.