La Fiscalía investigará la muerte de otro joven opositor por disparos en las marchas contra Maduro

La Fiscalía de Venezuela ha anunciado este martes que investigará la muerte de un joven en las manifestaciones opositoras que tuvieron lugar la noche del lunes en Carabobo, la segunda víctima mortal de la ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro por el «autogolpe de Estado» perpetrado a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La víctima es Daniel Alejandro Queliz, un joven de 20 años que estudiaba Derecho en la Universidad Arturo Michelena (UAM) y que, de acuerdo con la información preliminar, recibió un disparo en el cuello en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía estatal en la ciudad carabobeña de Valencia.

«La Policía empezó disparando perdigones. Luego de correr por un momento, todos nos dimos cuenta que eran balas», ha contado Jonathan Arias, familiar de Queliz. «Mi primo cayó al suelo en ese momento, lo recogimos y de camino al hospital murió», ha dicho en declaraciones al periódico ‘El Nacional’.

«Queliz fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera, donde ingresó sin signos vitales», ha contado el departamento que dirige la fiscal general, Luisa Ortega Díaz a través de un escueto comunicado.

Precisamente, una intervención pública de Ortega fue clave para detener el «autogolpe» el pasado 31 de marzo. La fiscal general, reconocida chavista, denunció una “ruptura del orden constitucional” en su país, tras fallos del máximo tribunal, que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad a los diputados. Esa primera grieta en el régimen, además de la enorme presión internacional, actuó como punto de inflexión en la usurpación de poderes, que se revirtió al día siguiente.

Los fiscales Ramón Diamont, Anny Camejo y José Antonio López se encargarán de investigar la muerte violenta de Queliz en coordinación con la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, «a fin de determinar las responsabilidades penales».

En los disturbios que se produjeron la noche del jueves en Caracas, en otra marcha opositora, murió Jairo Ortiz, un estudiante de 19 años de ingeniería de sistemas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, por un disparo en el pecho que habrían efectuado las fuerzas de seguridad en el municipio de Carrizal, en el estado de Miranda.

Crisis institucional

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición opositora que domina la Asamblea Nacional por una mayoría de dos tercios desde las elecciones del 6 de diciembre de 2015, no ha dejado de manifestarse en las principales ciudades venezolanas desde el pasado 30 de marzo, cuando el TSJ ratificó que la Asamblea Nacional estaba en «desacato», advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un «golpe de Estado» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, la fiscal Ortega Díaz advirtió de la «ruptura del orden constitucional» y, en la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una «arremetida» de «la derecha intolerante y pro imperialista dirigida» por Estados Unidos para «atentar contra el Estado de Derecho» a través de «falsedades e ignominias», pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos «aclaraciones» que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este «impasse en los poderes públicos».

Sin embargo, para el pueblo en las calles y para los dirigentes opositores esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.