Última maniobra a la desesperada del corrupto Lula para no cumplir sus 12 años de condena

Lula da Silva
Lula da Silva saluda a sus seguidores en la sede de su sindicato en Sao Bernardo de Campo, Sao Paulo. (AFP)

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha intentado una última maniobra judicial para evitar su inminente ingreso en prisión, que se espera para este mismo viernes, por los 12 años de cárcel a los que fue condenado por corrupción.

La entrada en prisión de Lula es inevitable desde el miércoles, cuando el Tribunal Supremo Federal (STF) rechazó, por seis votos frente a cinco, el ‘habeas corpus’ con el que Lula pretendía eludir su encarcelamiento, alegando que debía permanecer en libertad hasta que agotara todos los recursos posibles contra la sentencia condenatoria.

La defensa de Lula ha presentado este viernes un segundo ‘habeas corpus’ ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que se ocupa solamente de asuntos constitucionales. De acuerdo con la prensa brasileña, los magistrados han comenzado a analizarlo, si bien el miércoles hicieron falta 11 horas para llegar a un acuerdo.

Ha abierto además una nueva vía al solicitar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que vigila el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que pida al Gobierno brasileño que suspensa su entrada en prisión hasta que haya sido escuchados en todas las instancias judiciales posibles.

«La decisión (del STF) por un estrecho margen demuestra la necesidad de que un tribunal independiente examine si la presunción de inocencia fue vulnerada en el caso de Lula, así como las conductas tendenciosas del juez Sergio Moro», encargado de la causa, han dicho los abogados del ex presidente en un comunicado.

Moro, que fue quien condenó a Lula en primera instancia, ha dado de plazo al líder izquierdista hasta las 17.00 hora local (22.00 hora peninsular española) de este viernes para presentarse voluntariamente a la Policía Federal de Curitiba (Paraná). Lula ya ha avanzado que no se entregará y espera en la sede del Sindicato Metalúrgico ABC, en Sao Bernardo do Campo, acompañado de sus fieles.

En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública y Administración Penitenciaria de Paraná ha indicado que, si bien no hay un protocolo especial para la detención de Lula, «la Policía Militar está plenamente preparada, como siempre, para actuar de forma eficiente y profesional ante eventuales manifestaciones».

Lula ha sido condenado por el juez federal y por un tribunal regional —en segunda instancia— a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.

El ex dirigente sindical ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales —el STF y el STJ— para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

Hasta entonces, Lula podrá intentar inscribirse y, en caso de que no se lo permitan, podrá acudir al Tribunal Electoral para que decida. Si consiguiera finalmente el estatus de candidato, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia da la razón a Moro, los votos que haya recibido serán anulados.

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