Vox se querella con la constructora Sumelzo por una trama de adjudicaciones millonarias vinculada al PSOE

Vox se ha interpuesto una querella contra contra la constructora Sulmezo S. A. por una supuesta trama de adjudicaciones millonarias recibidas durante años vinculadas al PSOE. Concretamente contra Fernando Sumelzo Cia y Juan José Sumelzo Jordán, administradores solidarios de dicha empresa, por la presunta comisión de delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La formación liderada por Santiago Abascal actúa en calidad de acusación popular y solicita la apertura de diligencias para investigar un amplio volumen de contratos públicos adjudicados a la compañía desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.

La querella de Vox subraya además la relación familiar de los administradores de la constructora con Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y diputada del PSOE durante años e íntima amiga de Sánchez. Según Vox, esta cercanía política y personal habría favorecido un entorno de influencia que habría condicionado las adjudicaciones, en perjuicio de los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre concurrencia que rigen la contratación pública.

Tal y como recoge el escrito judicial, Sumelzo S.A. habría experimentado un crecimiento «anómalo» de su facturación pública a partir de 2018, con un incremento superior al 150% en apenas dos años. Vox sostiene que la empresa habría recibido más de 30 millones de euros en contratos públicos, de los cuales cerca del 90% procederían de administraciones gobernadas por el PSOE, tanto a nivel estatal como autonómico y local.

La querella de Vox contra Sumelzo S. A.

La querella presentada por Vox en el Juzgado de Instrucción de Madrid pone el foco en adjudicaciones realizadas por los ministerios de Defensa y de Transición Ecológica, así como por el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, varias comarcas y numerosos ayuntamientos aragoneses, todos ellos gobernados en el momento de recibir las adjudicaciones por el PSOE.

Entre los contratos más relevantes figuran obras por aproximadamente 6 millones de euros otorgadas por el Ministerio de Defensa, algunas financiadas con fondos europeos, principalmente en instalaciones militares como el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.

En el caso del Ministerio para la Transición Ecológica, Vox denuncia en dicha querella que Sumelzo S.A. habría recibido 11 contratos por valor aproximado de 16 millones de euros, muchos de ellos tramitados a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La formación que lidera Santiago Abascal considera llamativa la reiteración de adjudicaciones y la concentración de contratos en determinados organismos durante el mandato de Teresa Ribera al frente del departamento.

El escrito judicial recoge diversas informaciones periodísticas que apuntan a posibles conexiones entre empresas del entorno Sumelzo y sociedades investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en presuntas tramas de cobro de comisiones. Entre los hechos citados figura un pago de 12.100 euros realizado por la constructora a la mercantil Servinabar, señalada en investigaciones por su supuesta utilización como sociedad instrumental para canalizar mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en la trama del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Vox también destaca la creación, en un corto periodo de tiempo, de más de una docena de sociedades energéticas por parte de los querellados, todas ellas con un objeto social amplio que permitiría optar a ayudas públicas y subvenciones vinculadas a proyectos de energías renovables. Estas mercantiles comparten administradores y domicilios sociales, lo que, a juicio de la formación, refuerza la necesidad de investigar el entramado empresarial.

Para los de Abascal, la reiteración de contratos, la coincidencia de responsables políticos y el peso casi exclusivo de la contratación pública en la facturación de la empresa configuran un posible escenario de tráfico de influencias y fraude en la contratación, con un uso indebido de fondos públicos. La formación sostiene que los hechos descritos “trascienden el ámbito administrativo” y deben ser analizados desde una perspectiva penal.

En su petición al juzgado, la formación verde solicita que se cite a declarar como investigados a los administradores de Sumelzo S.A. y como testigos a varios altos cargos y responsables políticos, entre ellos las ex ministras Margarita Robles y Teresa Ribera, la secretaria de Estado Susana Sumelzo, así como dirigentes autonómicos, como Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y alcaldes de municipios implicados, como Teresa Lardero y Jesús Morales. También reclama que se requieran todos los expedientes de contratación, comunicaciones internas y correos electrónicos relacionados con las adjudicaciones investigadas.

La querella fue presentada el 14 de enero de 2026 y queda ahora a la espera de que el juzgado competente decida sobre su admisión a trámite y la apertura de diligencias para esclarecer los hechos denunciados.