Ley del 'sólo sí es sí'

Las víctimas de la Ley Montero que beneficia a los violadores se unen para exigir «protección»

Ley Montero
La ministra Irene Montero.

Las víctimas de la Ley Montero que rebaja la pena a agresores sexuales han decidido unirse en una asociación de Afectados por la reforma de la Ley del sólo sí es sí para pedir «protección». Se sienten perjudicados por la ley que ya ha rebajado las penas a 50 agresores sexuales y ha dejado en libertad a 13 de ellos. La nueva asociación se presenta con la finalidad de «velar por la protección y defensa de los derechos de las mujeres afectadas por la aplicación y ejecución de la nueva ley» y nace a consecuencia de que «esta ley se ha gestionado desde el poder ejecutivo y con la finalidad principalmente política de captación de votos».

La nueva asociación nace al amparo de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, presidida por la penalista Emilia Zaballos, y ha nacido porque «estamos viendo cómo jueces y magistrados están aplicando la norma, aunque no la compartan, en perjuicio de una mayor saturación de los juzgados penales cuyas demoras son ya patentes y muy llamativas, beneficiando sólo a los reos, al conseguir que delincuentes puedan salir a la calle, en perjuicio de la seguridad y tranquilidad de la sociedad y de las víctimas de esta violencia en particular», dicen.

Argumentan que desde la entrada en vigor de la nueva ley el pasado 7 de octubre «hasta 17 audiencias provinciales se han pronunciado a favor de revisar esas penas, sólo, hoy por hoy, las de Navarra y La Rioja se mantienen en contra» y explica la Fundación Zaballos que «la ley no ha sabido blindarse para evitar lo que está sucediendo a día de hoy, con rebajas importantes de penas por hechos muy graves, que afectan a muchas mujeres y crean una grave alarma social, con el innato sentimiento de desprotección para las víctimas de la violencia sexual».

Esta nueva entidad recuerda que cuando fue redactada la nueva Ley Montero varios organismos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado advirtieron de los errores de la nueva ley. En el caso del CGPJ, advertían en el artículo 245 que «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas». Desde el Consejo Fiscal se dijo que «va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo» y el Consejo de Estado señaló que «la redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso».

Las afectadas por la Ley Montero también quieren dar la voz de alarma sobre una cuestión poco explicada: «Esta ley no va a ser fácil de solucionar, pues aunque se dictase una nueva ley para incrementar las penas, sólo se podría aplicar la reforma a quienes hubiese cometido un delito a partir de la nueva entrada en vigor de la nueva norma. A aquellos que actualmente están pendientes de enjuiciamiento o cumpliendo sus condenas se les debe aplicar la ley más favorable», aseguran.

La finalidad de la nueva asociación es «el acompañamiento de todas esas personas, especialmente las mujeres, las grandes perjudicadas de la violencia de género, quienes ante la situación de desconcierto y confusión generada pueden verse desprotegidas (…)». Para ello, la Fundación se ofrece «desde asesoramiento o información hasta la defensa integral de los derechos de todas y cada una de ellas». Y plantea como uno de sus fines fundamentales «velar por la protección y defensa de los derechos de las mujeres afectadas por la aplicación de esta nueva ley».

La Fundación opina en un comunicado que «esta ley se ha gestionado desde el poder Ejecutivo y con la finalidad principalmente política de captación de votos, lo que desprende de la rapidez y forma en la que se tramitó buscando movilizaciones sociales contra mujeres víctimas, ofreciéndoles algo que después no se ha cumplido, al menos en la forma ofrecida».

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