Sumar pide anular otro contrato con la empresa de las pulseras por ser israelí hace 10 días en País Vasco
País Vasco destina 780.000 € a la empresa israelí que gestionaba en origen las pulseras antimaltrato

Sumar pidió explicaciones al Gobierno vasco sobre su decisión de renovar el contrato con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring para el control telemático de presos en País Vasco. Antes de que saltara la polémica de que no prorrogar el contrato de los dispositivos para mujeres maltratadas del Ministerio de Igualdad, la coalición de Yolanda Díaz criticó otro contrato similar por el origen de la compañía tecnológica.
El parlamentario Jon Hernández, procedente de IU, ha registrado una serie de preguntas parlamentarias en las que pide al Ejecutivo que aclare si «ha hecho o va a hacer algo en el futuro inmediato para evitar que esta empresa u otras empresas israelíes sean adjudicatarias de contratos públicos».
Esta empresa israelí es la misma de la que Igualdad prescindió, a raíz de lo cual comenzó el escándalo destapado por OKDIARIO el 17 de septiembre de las pulseras antimaltrato defectuosas del Ministerio de Igualdad. El cambio de proveedor que derivó en los graves fallos del sistema nuevo ha respondido a motivaciones puramente ideológicas, según han revelado fuentes conocedoras de las negociaciones.
El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, en manos del PSOE, «acaba de renovar un contrato con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring para el control telemático de presos en semilibertad en Euskadi, mientras Israel incrementa la masacre que está llevando a cabo en Gaza», constata Sumar. «Se destinarán 780.000 euros de recursos públicos a esta empresa israelí con sede en Tel Aviv hasta agosto de 2026», indican.
Jon Hernández cuestionaba si el Ejecutivo ha tomado medidas «para evitar que esta empresa u otras empresas israelíes sean adjudicatarias de contratos públicos en Euskadi». Las preguntas parlamentarias se han registrado el pasado 13 de septiembre, apenas diez días después de que se conociera el escándalo de las pulseras antimaltrato a nivel nacional.
Boicot empresarial
Sumar ha añadido que «ante las masacres indescriptiblemente horrorosas que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza y en toda Palestina, la sociedad vasca se viene movilizando de manera constante, exigiendo, entre otras cosas, a nuestras instituciones ser contundentes y utilizar todas las formas posibles de denuncia, presión y boicot a Israel». Esto, en opinión de Sumar, «obliga al Gobierno vasco a evitar toda relación de carácter político, cultural o económico con Israel».
La formación política recuerda que el Parlamento Vasco aprobó el pasado mes de junio, a iniciativa de la propia Sumar, una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, se instaba a todas las instituciones a actuar ante la gravedad de la situación en Gaza. Esta proposición no de ley establecía un marco político que, según Sumar, debería impedir este tipo de contrataciones.
Para la coalición, es necesario «romper todo tipo de relación» con empresas israelíes, así como prohibir eventos deportivos o culturales en los que participen equipos de Israel, «como medidas necesarias para denunciar y rechazar el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina». Por ello, ha pedido al Departamento de Justicia y Derechos Humanos que «evite mantener la contratación pública con esta o cualquier otra empresa israelí».
La paradoja resulta palmaria: mientras Sumar presiona para cancelar contratos con empresas israelíes por motivos políticos, el Ministerio de Igualdad cambió de proveedor por razones similares y provocó un desastre tecnológico. Las responsables del ministerio rechazaron mantener el contrato porque «les jodía mucho» que las pulseras fueran de fabricación israelí, según ha revelado una fuente conocedora de las negociaciones. Ahora Sumar, a través de Yolanda Díaz, pide «una pequeña investigación» al Ministerio de Igualdad.
Tecnología probada
La ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, fue quien expresó que no quería seguir contratando a la empresa de origen israelí Attenti Electronic Monitoring porque «les jodía mucho el tema de Gaza». Esta decisión ha tenido consecuencias catastróficas para el sistema de protección de víctimas de maltrato.
El proveedor israelí Attenti fabricaba dispositivos con tecnología «rugerizada» que impedía su manipulación sin activar las alarmas durante más de 15 años con resultados satisfactorios. Las pulseras incluían un sistema de batería que se cambiaba de forma controlada, eliminando el riesgo de que el agresor pudiera interferir en el proceso.
«Si ocurría que muchas veces alguna mujer o maltratador se la quitaba, incluso con una radial, pues eso saltaba e inmediatamente se reponía», explica la fuente consultada sobre el funcionamiento del sistema anterior. La empresa que había prestado este servicio durante entre 15 y 20 años, en muchas ocasiones de forma deficitaria económicamente, «porque quería colaborar de cara a la sociedad».
El Ministerio de Igualdad ha perdido el acceso a todos los datos históricos de las órdenes de alejamiento por maltrato anteriores al 20 de marzo de 2024. La Fiscalía General del Estado ha alertado de que esta anomalía está provocando «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» al carecer del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de medidas de alejamiento.
Empleadas del Centro Cometa, encargado de la monitorización, ha informado «reiteradamente» a los juzgados que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento.
Han denunciado múltiples fallos técnicos, desde la congelación de la ubicación de agresores durante horas hasta imprecisiones geográficas por errores en el GPS. Varias fiscalías provinciales han alertado de «lo gravoso» que resulta para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, «con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria».