Los sindicatos policiales revelan que el fallo en las pulseras ha dejado «en riesgo» a «numerosas mujeres»

Los sindicatos policiales han revelado este jueves que el fallo en las pulseras antimaltrato, desvelado en exclusiva por OKDIARIO, «dejó en riesgo a numerosas mujeres». Como ha informado este diario, el Ministerio de Igualdad perdió todos los datos de las órdenes de alejamiento por maltrato, con Irene Montero al frente de la cartera ministerial.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) informa que «los fallos en las pulseras de geolocalización dejaron a las víctimas de violencia de género «sin protección durante meses». 

Este sindicato explica que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025 y fuentes policiales expertas, «durante cuatro meses» las pulseras de geolocalización utilizadas para proteger a víctimas de violencia de género «funcionaron de forma deficiente». 

El SUP denuncia que el Ministerio de Igualdad llevase a cabo la licitación del nuevo sistema «sin prever mecanismos de auditoría ni continuidad en un servicio tan sensible, provocando un grave fallo de seguridad».

Hechos muy graves

Nadia Pajarón, portavoz del SUP, señala «la gravedad del mal funcionamiento de los dispositivos de geolocalización destinados a la protección de víctimas de violencia de género», pero subraya que es «igualmente grave la posible pérdida de información que podría haber servido como prueba en procedimientos judiciales».

«Estamos hablando de casos donde, por la propia naturaleza de la violencia de género, rara vez hay testigos y los agresores buscan precisamente el aislamiento de la víctima para evitar que existan pruebas. Por eso se implantaron estos sistemas: Para que, llegado el juicio, hubiera un registro objetivo que respaldara a la víctima y rompiera la presunción de inocencia del maltratador. Si esas pruebas se han perdido, algunos agresores podrían quedar en libertad», denuncia.

Sólo un policía para 100 víctimas

El SUP destaca que mientras el Ministerio de Igualdad destine «elevados presupuestos» para financiar medios y formación en cuerpos autonómicos y locales, pero la Policía Nacional, «que constituye la primera línea en la lucha contra la violencia de género», no reciba «ningún apoyo económico en este ámbito».

Según explica, la realidad en las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) es «insostenible». «Hay casos en los que un solo policía atiende a más de cien víctimas, sin medios técnicos adecuados, sin formación obligatoria para todos los agentes y con plantillas desbordadas», precisa.

Además, subraya que «muchos policías» se incorporan a estas unidades «sin la especialización necesaria, debido a la falta de incentivos y reconocimiento institucional, lo que repercute directamente en la calidad del servicio prestado a las víctimas».

El SUP reclama responsabilidades por esta «grave disfunción», exige la implantación de auditorías previas en futuras licitaciones e insta al Ministerio de Igualdad a garantizar la dotación de medios, efectivos y formación especializada para que la Policía Nacional pueda cumplir con eficacia su labor de protección frente a la violencia de género.

Cambio de proveedor

Como ha publicado OKDIARIO, el cambio de proveedor del Ministerio de Igualdad en el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento generó este vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores.

Fuentes especializadas consultadas por este diario alertan de que desde el 20 de marzo de 2024, el centro de control Cometa no puede facilitar información anterior a esa fecha, lo que implica la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento.

La nueva adjudicación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación ha desencadenado un problema técnico que afecta directamente a la protección de las víctimas de violencia de género.

La raíz del problema radica en las dificultades para descargar y volcar la información del anterior proveedor de servicios. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior, que se encuentra cifrada, no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

«Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», recoge la memoria del Ministerio Público.

El SUP exige responsabilidades políticas

Desde el SUP recalcan que ya de por sí el trabajo policial en esta materia es «extremadamente complejo, con plantillas insuficientes y carencia de medios materiales, una situación aún más deficitaria que en la mayoría de delitos, a ello se suma ahora que, por un fallo en la gestión del Ministerio de Igualdad, se pone en entredicho un recurso tecnológico esencial para la protección de las víctimas».

Este sindicato considera «inadmisible» que el Ministerio de Igualdad realizara un cambio de sistema sin garantizar previamente su continuidad y sin una auditoría que verificara su correcto funcionamiento.

«No podemos permitir que errores de gestión pongan en riesgo a las víctimas ni que se pierdan pruebas que pueden ser decisivas en un juicio. Exigimos responsabilidades políticas y garantías de que esta situación no vuelva a repetirse», concluye la portavoz del SUP.