Sánchez sólo salva el altar y las bancadas «adyacentes» de la desacralización del Valle de los Caídos

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para «resignificar» el Valle de los Caídos ha arrancado con polémica. La Conferencia Episcopal Española ha reaccionado a la publicación del concurso, por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para recibir distintas propuestas para renovar este espacio y ha reprochado al Ejecutivo que no se le haya consultado. El pliego de prescripciones técnicas del contrato establece que la remodelación será prácticamente integral, de forma que sólo quedará fuera de esta intervención «el altar y las bancadas adyacentes» que, según este documento, «se conservarán como espacios destinados al culto religioso».

En ningún momento el Gobierno explica el significado de «adyacentes» por lo que se desconoce aún cuál será la amplitud del espacio que no será remodelado. En cualquier caso, es la única excepción, pues los pliegos determinan además que «el resto de los espacios del interior de la Basílica», como «el vestíbulo, el atrio, el espacio intermedio, la nave desocupada, la cúpula (pero sin el altar) y las capillas del Santo Sepulcro y del Santísimo no están destinados al culto y podrán ser objeto de intervenciones de naturaleza artística y museográfica para la resignificación del lugar».

«Dichas intervenciones serán compatibles con la celebración de actos de culto en el espacio del altar y de las bancadas adyacentes», señala el ministerio.

Por otro lado, se aclara también que en la explanada del recinto se ubicará el llamado «centro de interpretación», un espacio dedicado a difundir la «contextualización del monumento en la historia de España». El Gobierno asegura que, con ello, se promoverá «una memoria colectiva e inclusiva», de acuerdo a «los principios de memoria democrática, inspirados en los valores constitucionales y democráticos de la sociedad actual» para un «aprendizaje del pasado».

Entrará en la Basílica

El centro de interpretación se define como el «eje neurálgico» del proyecto para la función de «pedagogía democrática».

El Gobierno pretende utilizar este centro y también el interior de la Basílica para difundir su visión de la «historia política, ideológica y arquitectónica del monumento y su significación en la historia de España y de Europa». En este contexto, el pliego establece que, entre los contenidos, se abordará «el uso de mano de obra penada en su construcción (que podría ampliarse al uso de mano de obra penada en la posguerra en general en todo el país)».

El plan afecta prácticamente a la totalidad del espacio. En relación al interior de la Basílica, se dice que «las propuestas podrán plantear un uso polivalente y flexible», con «usos alternativos» que contribuyan a la «resignificación global del conjunto» para «convertirlo en un espacio de memoria para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y en un espacio de reconciliación».

El plan también afectará a la cúpula de la basílica, cuya iconografía habrá de respetar la autodenominada «ley de memoria democrática», que el Gobierno pactó en 2022 con Bildu, mediante una «intervención moderada, sensible y respetuosa con los elementos existentes».

Críticas de la Conferencia Episcopal

La Conferencia Episcopal Española ha reaccionado a la publicación del concurso para «resignificar» el Valle de los Caídos con un comunicado en el que aseguran que la «Iglesia Católica nunca ha sido promotora ni impulsora de las actividades de resignificación que el Gobierno de España quiere llevar a cabo en el Valle limitándose a salvaguardar los acuerdos vigentes desde el inicio ante las intervenciones estatales», desmarcándose así de la propuesta del Gobierno.

La Conferencia Episcopal denuncia que el Ejecutivo ha tomado «la iniciativa lanzando un concurso de ideas sin contar con la Iglesia acerca de los pormenores o cuestiones que deberían ser concretadas con anterioridad, por si no se respetan los espacios y la sensibilidad religiosa».

La institución señala que los «términos del acuerdo realizado entre el Gobierno y la Santa Sede son generales y nunca se han detenido en los detalles o particularidades del mismo».

Así, por ejemplo, se recuerda que ese acuerdo obliga «al mantenimiento de la basílica donde se celebra la eucaristía así como sus signos litúrgicos y religiosos», de forma que «las intervenciones, de carácter artístico y museográfico siempre garantizarán el destino litúrgico y cultual de estos espacios sin alcanzar a dicho espacio».

Asimismo, se mantendrán «las capillas con sus símbolos religiosos y espacios litúrgicos», algo que el plan del gobierno no respeta.