PSOE y PNV se enfrentan a decenas de recursos de guardias civiles por negar que sean víctimas de ETA

El Gobierno vasco de PNV y PSOE se enfrenta a decenas de recursos de guardias civiles y policías que han visto rechazada su solicitud para que se les reconozca como víctimas de la «violencia política» de ETA. En concreto, el Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha descartado la petición de 460 agentes al tiempo que ha aceptado otras 598 solicitudes, procedentes en su mayoría de proetarras que denuncian «abusos policiales».

Según ha podido saber OKDIARIO, varios agentes ya preparan su recurso por la vía administrativa contra esta decisión. En caso de que les sea denegado, el siguiente paso será el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El abogado Marco Antonio Navarro -que logró en su día que la Generalitat vacunase a policías y guardias y civiles- está detrás del proceso y augura el éxito de los recursos por la «discriminación» que supone para los agentes.

Ley polémica

La polémica ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política de Euskadi entre 1978 y 1999 reconoce, en su artículo 2, que podrán solicitar el reconocimiento y reparación como víctimas quienes hayan sufrido violencia «con fines de motivación política» en un «contexto de actuación» en el que «hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada». Los agentes consideran que esa literalidad permite a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicitar dicho reconocimiento y, en su caso, la correspondiente indemnización.

El PSOE contra los agentes

Sin embargo, el Gobierno vasco no opina lo mismo. A mediados de febrero, PNV, PSOE, Podemos y Bildu acusaron incluso a los agentes de llevar a cabo una «campaña contra víctimas del Estado» a través de una iniciativa en el Parlamento Vasco en la que rechazaban «cualquier intento de desvirtuar el espíritu y la letra» de la mencionada ley. La norma fue aprobada en 2016 y recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, a su llegada al poder, Pedro Sánchez retiró el recurso para facilitar los pactos con Urkullu. La valoración de las peticiones corresponde a una comisión de perfil altamente político, dirigida por la abogada Juana Balmaseda, designada por el PNV. La comisión ha analizado hasta el momento 1.220 solicitudes.

El pasado viernes, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, reiteró en el Parlamento Vasco que la ley «no puede reconocer a los propios policías» y consideró que existen «otras vías para el reconocimiento del sufrimiento causado por ETA a diferentes colectivos».

«¿Dónde dice en esta ley que se excluye a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de Ertzaintza o a otras personas de ser consideras víctimas en el contexto de motivación política, víctimas de vulneraciones de derechos humanos?», preguntó a la consejera el parlamentario del Partido Popular Carmelo Barrio.

Artolazabal, por su parte, reiteró que la norma está dirigida a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial, por lo que no es una ley ni para reconocer a los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni a las víctimas del terrorismo de ETA.

Según la consejera, «no se trata de hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado».