PNV y PSE sacan adelante la Ley de víctimas de abusos policiales que blanquea el terrorismo de ETA

El debate de esta ley se ha visto marcado por el enfrentamiento mantenido durante el pleno por el grupo parlamentario de EH Bildu y varias organizaciones de policías nacionales y guardias civiles que han asistido a la sesión, en la que el representante de la coalición soberanista Julen Arzuaga ha comparado el comportamiento de estos colectivos con el de los «nazis», mientras que éstos han denunciado que, «aunque mude de piel, la serpiente sigue siéndolo».

La reforma de la Ley aprobada este jueves por el Parlamento, destinada a reconocer y reparar a los damnificados por abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999, es fruto de un acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto por los Gobiernos central y vasco.

A través de dicho acuerdo, el PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la Ley original, al entender que invadía competencias de los Tribunales de Justicia.

Los cambios consensuados entre el Gobierno Vasco (PNV-PSE) y el Ejecutivo socialista inciden, precisamente, en cuestiones que pretenden dejar claro que el objetivo y el ámbito de esta ley es la reparación de las víctimas de esta forma de violencia desde una perspectiva meramente «asistencial», sin entrar en ningún caso a ejercer el papel que corresponde a la Justicia.

Pese a estas modificaciones, los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, así como varias organizaciones de víctimas del terrorismo se han mostrado sumamente críticos con el texto, al considerar que sus contenidos contribuyen a «blanquear» el terrorismo de ETA.

«Desprestigio» de las Fuerzas de Seguridad

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha afirmado que esta ley supone «un paso más en el desprestigio de la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que les pone bajo sospecha en un proceso en el que no podrán defenderse ni personal ni colectivamente», y cree que se trata de «un intento de contextualizar el terrorismo de ETA, precisamente contra un colectivo que tuvo un papel clave en la lucha contra el fanatismo y que lo sufrió de una manera muy directa».

Tras criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez retirara el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha afirmado que esta ley «incurre en inconstitucionalidad» porque «configura un sistema parajudicial para el desprestigio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

«No hemos dicho nunca que no se deba resarcir a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Todo lo contrario», ha defendido, antes de criticar que en la proposición que este jueves se debate «ha existido una grave falta de sensibilidad a lo manifestado por la representación profesional de la policía». Tras el debate, el presidente del PP vasco, Alonso Alonso, ha anunciado que su partido recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional.

Pili Zabala habla de «ley terapéutica»

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha destacado que los cambios aprobados no alteran el objetivo de la Ley, que busca «reparar a aquellas víctimas cuyos derechos humanos han sido vulnerados, y que estaban, por lo tanto, sufriendo una injusticia que era obligada corregir», aunque ha reconocido que «el camino de la reparación es largo y costoso», y que, con esta Ley, «no se pone punto y final a un proceso que es inaplazable y necesario».

Además, ha censurado la negativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos a respaldar la Ley, asegurando que en sus peticiones han elevado el listón de la exigencia «hasta donde saben que es inviable», y ha acusado al PP de negar la existencia de estas víctimas tratando de «impedir su reconocimiento y reparación».

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala, –hermana de Joxi Zabala, supuesto miembro ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, junto a Joxean Lasa– ha defendido la necesidad de contar con una «Ley terapéutica que amplíe los caminos de la sanción social».

Además, ha considerado que, a pesar de esta modificación de la Ley, es necesario «seguir trabajando para que el principio de igualdad de derechos de todas las víctimas sea una realidad». «Con la modificación de esta Ley, no es simplemente que se obstaculice ese derecho a saber la verdad, sino que directamente se prohíbe», ha criticado.

«Es una ley que se hizo no con una vocación de reparación integral, sino de apoyo parcial, y con lo que buenamente se creía que se podía hacer; una ley que no permite acceder a la justicia y que lejos de buscar esa sanación del conjunto de la sociedad, solo ofrecía una verdad con minúsculas, una verdad administrativa, una verdad como en pequeñito», ha criticado, antes de anunciar su abstención para «facilitar que esta ley ojalá pueda esquivar el peligro de ser recortada más aún o incluso tumbada por el Tribunal Constitucional».

La secretaria general del PSE Idoia Mendia ha destacado que esta norma ofrece seguridad a las víctimas del terrorismo, porque «expresamente rechaza la teoría del conflicto». Además, según ha indicado, aporta seguridad jurídica a las víctimas, porque ratifica la finalidad resarcitoria y reparadora del Estado.

También ha afirmado que se ofrece seguridad jurídica para los profesionales policiales, porque «descarta expresamente que nadie pueda pretender sustituir a los tribunales, y garantiza que la finalidad resarcitoria a las víctimas debe ser ejercida fuera del proceso penal y desconectada de cualquier pretensión de castigo al eventual responsable de los hechos».

Asimismo, ha contestado al PP que el Tribunal Constitucional ve «posible la constitución de una comisión de investigación que tenga como única finalidad el resarcimiento de la condición de la víctima, a efectos resarcitorios».

Tras la aprobación de la ley, el secretario general de de Derechos humanos del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha rebatido los argumentos del PP contrarios a esta norma, sobre la que ha rechazado que «invada» competencias de los tribunales de Justicia.

De esa forma, ha señalado que si los argumentos del PP fueran ciertos, ninguna administración podría aprobar medidas de reparación para víctimas de violencia de género o del terrorismo si no existe una sentencia judicial sobre sus casos.

Fernández, en todo caso, se ha felicitado por este nuevo paso en favor de la «convivencia», y del reconocimiento y reparación de las víctiamas de «toda vulneración de derechos humanos».