La Ley de Vivienda de Andalucía entra en vigor en enero: todas las ayudas, multas e incentivos

La nueva Ley de Vivienda de Andalucía entra en vigor el próximo 24 de enero con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda a precio asequible y facilitar el acceso a una vivienda digna en un contexto de escasez. Impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno, esta norma se presenta como una alternativa al modelo estatal del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que la Junta responsabiliza de haber provocado un encarecimiento de precios, la caída de la oferta y un aumento de las okupaciones ilegales.

Déficit de hasta 200.000 viviendas

La ley andaluza parte de un problema estructural: en la comunidad faltan viviendas. Según datos de la propia Junta, harían falta unas 90.000, aunque los promotores privados elevan la necesidad real hasta las 200.000.

El enfoque del Gobierno autonómico se centra en estimular la construcción, no en intervenir los precios. El objetivo es claro: más viviendas disponibles, menos presión sobre los precios.

Facilidades para construir VPO

La nueva norma permitirá aumentar la edificabilidad -es decir, el número de viviendas que pueden construirse en un solar- siempre que se destinen a vivienda protegida, es decir, con precios limitados por la administración. Además, la Junta pondrá a disposición de los promotores más suelo, y cerca de 80 municipios andaluces ya se han adherido a este nuevo marco.

Colaboración público-privada

Una de las apuestas principales de esta ley es abrir la puerta a una mayor colaboración entre la administración y empresas privadas. Habrá fórmulas como la cesión de suelo a promotores privados a cambio de viviendas construidas (permuta), subvenciones directas o concesiones. Incluso se creará una comisión específica para promover nuevas fórmulas de cooperación.

Frenar los desahucios

La nueva normativa incluye la creación del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios. Este servicio ofrecerá atención gratuita a personas en riesgo de perder su vivienda habitual, ya sea por impago de hipoteca o alquiler.

Tendrán prioridad las víctimas de violencia de género, las personas en riesgo de exclusión o quienes atraviesen una emergencia social.

Incentivos a las viviendas vacías

Otro de los problemas detectados es la cantidad de viviendas deshabitadas. Para activar ese parque, se prevén medidas como seguros de impago para los propietarios, ayudas a arrendadores y arrendatarios y subvenciones públicas.

Además, se pondrá en marcha un Registro de Viviendas Deshabitadas. No se considerarán como tales las segundas residencias destinadas al ocio o el turismo.

Rehabilitación

La ley pone énfasis en rehabilitar el parque ya construido, especialmente en zonas degradadas. El texto incluye medidas para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la sostenibilidad de las viviendas.

Se creará una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda que promoverá también métodos más modernos e industrializados de construcción.

Multas

La norma establece un régimen sancionador para quienes incumplan sus disposiciones. Las infracciones muy graves podrán sancionarse con hasta 9.000 euros; las leves, con hasta 3.000. Nunca podrá imponerse una multa inferior a 1.000 euros.

Los fondos recaudados irán directamente a financiar políticas de vivienda, como nuevas promociones o rehabilitaciones.

Seguridad jurídica

Una de las críticas más frecuentes a la ley estatal ha sido la inseguridad jurídica para quienes quieren alquilar o construir. La ley andaluza, en cambio, busca garantizar reglas claras y estables para que tanto propietarios como inversores se animen a poner sus viviendas en el mercado o desarrollar nuevos proyectos.

No se tocará la propiedad privada

A diferencia de la ley estatal, esta norma no contempla intervenciones directas sobre la propiedad ni la limitación de precios. Desde la Junta se insiste en que se respetará siempre el derecho de propiedad, y que la mejor forma de garantizar viviendas accesibles es construyendo más y eliminando trabas burocráticas.

Andalucía, la primera

Esta es la primera ley autonómica que se aprueba tras la entrada en vigor de la Ley estatal de Vivienda del Gobierno de Sánchez. Frente al modelo estatal, basado en controles e intervención, Andalucía ofrece un marco que prioriza la construcción, la colaboración con el sector privado y el apoyo directo a los ciudadanos que más lo necesitan.