La Junta de Andalucía abre suelo para levantar 40.000 VPO con su nueva ley de vivienda

La Junta ha remitido al Parlamento el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía para su debate y aprobación definitiva. El objetivo de la norma es claro: facilitar suelo y acelerar la construcción de vivienda asequible. El texto crea un inventario único de vivienda pública, fija áreas prioritarias con ayudas al alquiler y refuerza la lucha contra la okupación ilegal.

Según la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, con el suelo que ya han ofrecido los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes se podrían levantar casi 40.000 viviendas protegidas. En total, 49 municipios «de todo signo político» se han apuntado al cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a vivienda protegida previsto en el Decreto-ley 1/2025. «Sabemos que hay más. Es una buena noticia, pero no nos podemos parar aquí», ha afirmado Díaz. De momento son 630 bolsas de suelo que suman 136 hectáreas (1.360.000 de m²). El plazo para que más ayuntamientos se adhieran expira en febrero de 2026. La Junta prepara un portal público para consultar esas bolsas de suelo.

El texto refuerza la colaboración público-privada mediante concesiones y subvenciones para ampliar el parque residencial a precio asequible. También crea «áreas prioritarias» donde concentrar ayudas al alquiler, a la compra y a la promoción o rehabilitación.

En #Andalucía trabajamos para dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos.

El decreto ley de vivienda, al que ya se han adherido muchos ayuntamientos de todo signo político, es un buen ejemplo de ello. #PlenoAND ✅ pic.twitter.com/NQgAwob0cz

— Rocío Díaz Jiménez (@Rocio_DiazJ) September 11, 2025

Para ordenar y sacar partido al parque existente, la ley prevé un inventario único de vivienda pública –Junta, ayuntamientos y promotores– y una Comisión Técnica de Calidad para impulsar la construcción industrializada. Habrá planes de rehabilitación integral de barriadas y medidas contra las infraviviendas.

En materia de convivencia, el proyecto incorpora mecanismos de información y asesoramiento en casos de desahucios, y medidas frente a okupación ilegal y sobreocupación, dentro del marco competencial autonómico. Recupera como ley varias medidas urgentes del decreto vigente –como aumentos de densidad y edificabilidad a cambio de protección– salvo las temporales de cinco años.

La norma simplifica el laberinto administrativo actual y deroga cuatro leyes: la de Vivienda Protegida de 2005, la del Derecho a la Vivienda de 2010, la de Función Social de la Vivienda de 2013 y la de Tanteo y Retracto de 2018. La Unidad Aceleradora de Proyectos estudia ya cuatro iniciativas estratégicas de vivienda al amparo del nuevo marco.