La Junta de Andalucía recupera 4.500 viviendas públicas okupadas durante los años de gestión socialista

La Junta de Andalucía ha recuperado 4.538 viviendas públicas que habían sido okupadas durante los años de gobiernos socialistas, tras realizar más de 141.000 verificaciones administrativas desde 2019. Según ha detallado la consejera de Fomento, Rocío Díaz Jiménez, esta operación ha permitido restituir la legalidad en buena parte del parque residencial andaluz, gravemente afectado por mafias que accedían de forma fraudulenta a pisos destinados a familias vulnerables.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha tramitado 2.800 procedimientos de gestión por okupación ilegal y más de 1.300 expedientes de desahucio en los últimos cinco años. Estas actuaciones han logrado reducir la tasa de okupación del 13% registrado en 2022 al 9,4% actual, lo que demuestra, según Díaz, un giro en la gestión de la vivienda pública frente al abandono heredado del PSOE: «Hemos recibido un parque público abandonado por los gobiernos socialistas».

Durante su comparecencia en el Parlamento, la consejera ha denunciado también que la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez genera «inseguridad jurídica» y favorece la inquiocupación. «Nos vendría muy bien una ley nacional que no protegiera a quienes se saltan las normas», ha afirmado. En este contexto, ha subrayado que Andalucía ha adoptado medidas como la exclusión de los condenados por okupación ilegal del acceso a viviendas protegidas, la creación del Sistema Andaluz de Lucha contra la Okupación y un protocolo pionero de verificación en colaboración con los ayuntamientos.

El diputado de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, ha denunciado que una de cada diez viviendas públicas sigue okupada y ha puesto en duda los datos oficiales aportados por la Junta. Según ha recordado, en 2022 había más de 6.300 viviendas okupadas, una cifra que considera incluso inferior a la real. Además, ha alertado del problema añadido de la inquiocupación, con casos de morosidad y permanencia ilegítima que también afectan al parque público.

Hernández ha cuestionado la efectividad del modelo actual y ha advertido de que «no tiene sentido construir más viviendas si no se garantiza antes la legalidad de las existentes». Aunque ha reconocido el descenso del porcentaje de ocupación, ha afirmado que la gestión autonómica sigue dejando «muchísimo que desear».

Pero lo cierto es que el esfuerzo de la Junta por revertir años de descontrol y opacidad en la gestión de viviendas sociales choca con un marco legal estatal que, según el Gobierno andaluz, actúa como freno ante una política más firme contra quienes vulneran el derecho legítimo a una vivienda pública.