El psiquiatra señalado en el caso ‘Infancia Libre’ asesoraba a las CCAA en violencia de género

Antonio Escudero, el psiquiatra señalado en el ‘caso Infancia Libre’ -la ONG en la que cuatro de sus integrantes, entre ellas su presidenta, fueron detenidas por el secuestro de sus hijos- asesoró, durante varios años, a las Comunidades Autónomas en materia de violencia de género. Escudero formó parte del profesorado de los cursos ‘Prevención y Atención a la Violencia de Género de Salud Mental’, promovidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III.

Estos cursos iban dirigidos a personal de las Consejerías de Salud y de los Organismos de Igualdad de las diferentes Comunidades Autónomas. Y Escudero, reconocido profesional conocido por sus trabajos críticos con el ‘síndrome de alienación parental’, participó en varias ediciones.

Asesor de ZP

Como ya publicó OKDIARIO, este psiquiatra fue uno de los impulsores más destacados de las políticas de género durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, trabajando como asesor en esta materia para el Gobierno y el Observatorio de Violencia sobre la Mujer.

En 2010, Escudero participó en el grupo de trabajo del informe sobre el mencionado ‘síndrome de alienación parental’, encargado por dicho Observatorio del Ministerio de Igualdad. Precisamente, la negación de ese síndrome fue uno de los argumentos sobre los que la ONG ‘Infancia Libre’ construyó su discurso contra el hombre, como su propia presidenta, María Sevilla, insistió en varias de sus intervenciones. El síndrome defiende que la actitud hostil y bronca de los hijos puede deberse a la manipulación ejercida por uno de los progenitores.

Según este experto, el síndrome es la «programación o lavado de cerebro hecho por un progenitor sobre el niño, con el fin de denigrar y vilipendiar al otro progenitor» (añadiéndose elaboraciones “construidas” por el propio menor) y así justificar la resistencia del niño/a a mantener una relación con dicho progenitor, al cual se define como ‘alienado’.

Escudero advertía en el trabajo de que “en los últimos años en España, lo mismo que en otros países de nuestro entorno, se ha ido infiltrando en las sentencias judiciales bajo la supuesta rúbrica científica del SAP argumentos para cambios de custodia u otras acciones legales de enorme repercusión para el niño y la familia; argumentos sin embargo no aceptados por una amplia mayoría de profesionales de salud mental”.

Informe policial

La pasada semana, la Policía Nacional remitió a la Fiscalía un informe que apunta a que Infancia Libre operaba «como una organización criminal».

El caso se conoció el pasado 1 de abril, cuando la presidenta de esta asociación, María Sevilla, fue detenida por sustracción de menores por incumplir una sentencia de 2017 que otorgaba la custodia al padre de su hijo.  Cuando la Policía la localizó, Sevilla se encontraba en una finca con su pareja actual, en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). El pequeño estaba sin escolarizar y se encontraba, al igual que su hermana, en condiciones lamentables.

Una veintena de casos

Desde el arresto de Sevilla otras tres mujeres han sido detenidas vinculadas a esta organización. Cabe recordar que, en 2017, la presidenta de Infancia Libre participó en una comisión en el Congreso de los Diputados invitada por Podemos donde denunció varios casos de abusos sexuales de los “más de 170” que, según decía, habían sido contabilizados por esta organización.

Según la investigación policial, la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denunciar falsas al objeto de perjudicar a los padres retirando la custodia de los menores.

Para ello, las madres denunciantes fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias con un mismo patrón. En concreto, según la versión policial, constarían indicios de que la ONG dirigía a las madres al psiquiatra Antonio Escudero, así como a la abogada Carmen Simón. Desde Granada, además, actuaban psicólogas en connivencia con la asociación.

La Policía ha elevado a Fiscalía una veintena de casos por posibles delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial vinculados a la asociación.