Caso Dina

Podemos pidió al juez que pinchase los teléfonos de OKDIARIO y se incautara de sus ordenadores

Podemos Pablo Iglesias
Eduardo Inda ganó en dos ocasiones las demandas a Pablo Iglesias
  • Teresa Gómez y Fernán González

Podemos pidió al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón registrar la redacción de OKDIARIO e incautar dispositivos electrónicos en el marco del ‘caso Dina’, la pieza del juicio al comisario José Villarejo sobre el móvil de Dina Bousseham, la ex asesora de Pablo Iglesias en Bruselas.

Tal como consta en el sumario, al que ha tenido acceso OKDIARIO, las diligencias que pidió el partido morado eran más duras incluso que las impuestas a los periodistas de Mallorca a los que se les retiró sus teléfonos móviles en el ‘caso Cursach’. Una decisión judicial que causó un profundo malestar en toda la profesión.

En este caso, la abogada de Podemos, Marta Flor, pidió al magistrado «entrada y registro» de la redacción de este periódico para rebuscar en todas las instalaciones e incautar los ordenadores del director de esta cabecera, Eduardo Inda, y del redactor Miguel Ángel Ruiz. Además, pretendían encontrar en la sede  del periódico el teléfono de Dina Bousselham –hoy persona de confianza del concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coslada–.

En particular, Podemos pedía entrar en los dispositivos electrónicos personales de los periodistas para «descargar cualesquiera archivos en los ordenadores del Sr Ruiz y el Sr Inda bajo los siguientes criterios de búsqueda: Dina, Bousselham, Dina Bousselham, Pablo Iglesias, Iglesias, PISA, Granadinas y Pacific Bank».

Además de la imputación de ambos periodistas, Podemos pedía también «incautar cualesquiera otros dispositivos, carpetas u otros efectos que se hallen en los que aparezca alguna de las siguientes nomenclaturas: «Dina» o «Pablo Iglesias», etc.».

Por otra parte, quería conocer la actividad en los teléfonos personales del director de este periódico. Quería saber «los contactos telefónicos habidos entre José Manuel Villarejo Pérez, Eduardo Inda, Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago entre agosto de 2015 y el junio de 2016, detallando si la intensidad y frecuencia de dichos registros cerca de la publicación de las noticias en OKDIARIO sobre el Informe PISA, las Islas Granadinas y los pantallazos del móvil de Bousselham».

En esta petición, que se repite en varios momentos de la instrucción, el magistrado dicta autos en los que afirma: «No ha lugar, por resultar superflua la solicitud, ya que dicha diligencia ya se viene llevando a cabo por la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad Central de Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía».

«En relación de la solicitud de declaración en calidad de investigados de Eduardo Inda y Miguel Ángel Ruiz, no ha lugar, en el estado actual de la investigación, sin esperar al resultado de otras ya acordadas o que pudieran derivarse de las mismas. Las demás diligencias solicitadas en el estado actual de las actuaciones no constituyen el objeto procesal de la presente pieza separada, por lo que se entienden prematuras y/o improcedentes», afirma García-Castellón.

«No se puede compartir, en los términos que se realiza por la acusación particular, una interpretación que podrá ser censurable, pero que en nada afecta a la intimidad y privacidad de las personas. Nos encontramos ante opiniones vertidas en el marco de la confrontación política implícita a los hechos, sustentadas a través de fuentes de información que como se indican son confidenciales y que estarían amparados en el derecho fundamental a preservar la fuente del periodista, pero que no pueden sustraerse al debate público. El hecho de la sustracción y de las circunstancias que se encuentra en la base del presente procedimiento es un hecho notorio y público, de especial transcendencia que no puede sustraerse al debate público de una sociedad democrática», indica el magistrado.

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