Las peleas entre los miembros del PSOE y de Podemos que integran el Gobierno de Pedro Sánchez no acaban. Y un nuevo choque se suma ya al listado formado por el encontronazo por el 8-M, la gestión del coronavirus en las empresas, la Ley de Libertad Sexual, el control del Rey, etc. Porque Podemos, e Irene Montero en especial, quieren destinar un fuerte paquete presupuestario a la causa feminista con el fin de liderar esta bandera y sacar distancia al propio PSOE. El plan completo superará con creces los 600 millones de euros y desafía ya la capacidad presupuestaria, un área controlada por la vicepresidenta Nadia Calviño, impuesta por el PSOE. El choque está servido.
Podemos ha encontrado la forma de tensar la cuerda con el PSOE: lanzar programas repletos de banderas de la izquierda con un impacto económico desorbitado. De ese modo, el partido liderado por Pablo Iglesias vende la imagen de que lidera la lucha progresista e inyecta a la vez el mensaje de que el PSOE es el que lo frena por falta de valentía. Esta técnica será utilizada, de nuevo, por Irene Montero, la ministra de Igualdad, que quiere impulsar un Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas con una dotación anual de 600 millones de euros.
El plan se completa con una segunda medida cuyo coste económico es difícil de evaluar, pero lo que es seguro es que no será pequeño. Se trata de dotar una “garantía económica de vida para las mujeres que padecen violencias machistas”. Y con ese fin se pretende impulsar un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía de las Mujeres. Un plan que incluirá una prestación económica destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique “la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo”.
La prestación será la del salario mínimo interprofesional: en estos momentos, 950 euros, pero que deberá subir hasta alcanzar los 1.200 euros, según las propias promesas de los morados. El periodo de adjudicación de esta paga será de 6 meses, pero se trata de un periodo prorrogable en la medida en la que se observe que las situaciones por las que se concedió la prestación siguen vigentes. Es más, esa paga se pretende incrementar con el número de personas que cada mujer afectada tenga a su cargo.
El resultado es una medida de muy difícil evaluación en cuanto a su coste presupuestario. Es más, se trata de una medida que podría ser multiplicada -en aplicación de los mecanismos judiciales de la Ley de Violencia de Género- por medio del encadenamiento de denuncias.
Sánchez ya sabe que la crisis económica provocada por el coronavirus le restará capacidad recaudatoria y económica. Sabe igualmente que la desaceleración de la actividad nacional es un hecho. Y que las presiones de Bruselas para que España recorte el gasto y la deuda no cesan. Y, ahora, a todo ello, tendrá que sumar las ocurrencias de gasto sin límite de los ministros de Podemos.
