Junts y el PNV activan el ‘lawfare’ en el Congreso con las dos primeras comisiones de investigación

Junts y el PNV han registrado dos solicitudes para crear dos comisiones de investigación relacionadas con el lawfare en el Congreso de los Diputados el día después de la investidura de Pedro Sánchez. La primera versará sobre el espionaje a líderes independentistas durante el proceso golpista que culminó el 1-O; y la segunda, sobre las supuestas responsabilidades políticas del Estado en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, semanas antes de la celebración del referéndum inconstitucional. Ambas han contado con las firmas de sus portavoces: Míriam Nogueras, de Junts y Aitor Esteban, del PNV.

La petición de crear una comisión de investigación sobre la llamada por los independentistas como ‘Operación Cataluña’ la justifican en la que consideran una «trama policial» que «pretendía», según los secesionistas, «elaborar pruebas falsas y filtrarlas a los medios de comunicación» para «desacreditar a los líderes y organizaciones vinculadas al independentismo catalán delante de la opinión pública».

Aunque ya se constituyó una comisión en la anterior legislatura, Junts y PNV argumentan que «desde entonces han aparecido nuevas informaciones y grabaciones al respecto en los medios de comunicación» que los independentistas creen que permite «aclarar el alcance real» de los presuntos casos de espionaje con el programa Pegasus.

Estas comisiones relacionadas con el lawfare aparecen un día después de que Pedro Sánchez lograse superar la sesión de investidura gracias a los apoyos de Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria.

En su pacto de investidura con el PSOE, la formación de Carles Puigdemont se aseguró que «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán» durante la legislatura que he echado a andar esta semana «se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política». Además, Junts consiguió que se incluyese también que como resultado de esas comisiones puedan «dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Atentados de Barcelona y Cambrils

La segunda comisión es la relativa a la los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. PNV y Junts solicitan en su petición que se «pueda dar respuesta a las preguntas que todavía no tienen respuesta» para «cumplir con el derecho a saber la verdad de las víctimas y de la población civil».

Los representantes que formen parte de la Comisión también buscarán «aclarar quienes son los presuntos responsables políticos y de cualquier otra índole en los atentados de Barcelona y Cambrils». Además, pueden concluirse la propuesta de «medidas de restitución» para «todas las personas afectadas por los atentados» así como para los «familiares de las familias que han muerto».

Desde la formación catalana se ha defendido una hipótesis respecto a los atentados en la que se culpabilizaba al Gobierno de conocer los planes previos al atentado que tenía el imán de Ripoll y así frenar el movimiento independentista.

Ambas comisiones tendrán una duración de seis meses desde que se constituyan las mismas. Eso sí, puede ampliarse el plazo siempre que el pleno del Congreso de los Diputados lo apruebe. Una vez que terminen, cada una de las comisiones presentará a la Cámara sus conclusiones. Entre ellas, podría ordenarse al Ministerio Fiscal que ejercita las acciones legales que procedan.

El reglamento del Congreso explica que para la creación de una Comisión de Investigación debe hacerse «a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara».