Igualdad admitió en febrero la necesidad de «mejorar el sistema técnico» de las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo admitió en febrero de 2025 la necesidad de «mejorar la vigilancia electrónica» para la protección de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto hasta que OKDIARIO destapó el escándalo de los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que provocaron la «potencial desprotección» de las mujeres. Así consta en las medidas para la renovación del Pacto de Estado en materia de violencia de género que aprobó la cartera que, hasta 2023, encabezó Irene Montero.

La cartera de la política socialista redactó un texto con las nuevas medidas con las que pretendía mejorar la lucha contra la violencia de género. El documento, en el que se incluyen más de 400 medidas, se aprobó en el Congreso de los Diputados en febrero con una amplia mayoría, ya que todos los partidos votaron a favor, excepto Vox.

Las nuevas medidas para renovar ese pacto incluyen un punto relativo a la «asistencia, ayuda y protección a las víctimas». En el apartado relativo a «justicia y seguridad», Igualdad reconoce una de las deficiencias de las pulseras antimaltrato. La cartera de Ana Redondo subraya que su pretensión es «mejorar el sistema técnico de instrumentos de vigilancia electrónica». Para ello, se insta a implicar «a los Ministerios de Justicia e Interior» en esa tarea.

Desde entonces, el Gobierno no ha tomado decisiones respecto a las pulseras antimaltrato de las que conocía sus deficiencias. El problema con estos dispositivos surgió con la nueva adjudicación del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación, que se produjo con Irene Montero en 2023.

Igualdad compró dispositivos de control tan deficientes que los propios maltratadores podían quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

Mejora de los datos remitidos al juzgado

Otra de las medidas que propone Igualdad entre las acciones para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es «mejorar la información que el Centro Cometa remite a los juzgados».

Esta es la oficina que controla las llamadas de las víctimas de violencia de género y el cumplimiento de sus medidas de protección. También proveé de información a los juzgados para que, en función de los datos recogidos, el magistrado tome decisiones al respecto.

De esa forma, revelaba que Igualdad era consciente de otro de los problemas que desencadenó la nueva contratación. Y es que el nuevo contrato generó un problema técnico que ha afectado directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior –que se encuentra cifrada– no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

La Fiscalía ha documentado en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de instrucción ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento. En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria». La Fiscalía General del Estado reconoció que esta situación ocasionó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».

Gobierno: «No nos constan fallos»

Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que los sistemas funcionan perfectamente. La ministra Redondo aseguró este lunes que el sistema de las pulseras antimaltrato «funciona bien» y que las mujeres «están protegidas», a pesar de que su propio ministerio redactó en febrero. Además, anunció una nueva licitación para adquirir nuevos dispositivos telemáticos, a la vez que alardea de su efectividad.

Este mismo martes, fuentes del Gobierno incidían en que los nuevos aparatos eran «mejores que los que había» y que es «probable» que no haya «ningún caso» en el que la falta de datos provocara la absolución. Y desde Moncloa insisten en subrayar que nada ha ocurrido: «No nos constan fallos en las pulseras».