El Gobierno se viene arriba: Rosell propone aplicar el 155 a Murcia para retirar el ‘pin parental’

La diputada de Podemos y delegada del Gobierno para la Violencia de Género apuesta por recurrir al "requerimiento administrativo" previsto en la Constitución para que el Ejecutivo murciano renuncie a una medida que vulnera la ley.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género y diputada de Podemos, Victoria Rosell, plantea la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Murcia para impedir que Vox, cuyo apoyo fue decisivo para la formación del Gobierno regional, introduzca el ‘pin parental’.

Considera la ex magistrada que la medida propuesta por la formación de Abascal en Murcia vulnera la ley y, por lo tanto, cabe la posibilidad de suspender la autonomía para obligar al Ejecutivo regional -en manos de PP y Ciudadanos- a retirar la aplicación de la medida concebida para que los padres puedan decidir sobre los contenidos extracurriculares que sus hijos reciben en las escuelas.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser de las Palmas de Gran Canaria, Rosell considera que existen «cauces jurídicos» incluso extrajudiciales -esto es meramente «administrativos», en referencia al 155 de la Constitución- para que el Gobierno de la región de Murcia paralice la puesta en marcha del ‘pin parental’ previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, el popular Fernando López Miras.

Rosell asegura que con el anuncio del ‘pin parental’ López Miras «se niega a tratar a todo su alumnado por igual» y «no garantiza los derechos de las personas más vulnerables». De ahí que la diputada de Podemos apueste por seguir un camino similar al utilizado por el Gobierno de Rajoy en Cataluña, ante la «actuación unilateral» de un Ejecutivo regional» para quebrantar el ordenamiento jurídico».

El artículo 155 de la Constitución dice que si una Comunidad Autónoma incumple las obligaciones legales o toma decisiones que atenten gravemente contra el interés general del Estado, el Gobierno -«previo requerimiento a su presidente», y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado- podrá adoptar las medidas necesarias para instarle al «cumplimiento forzoso» de sus obligaciones.

Recurso judicial

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aseguraba el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros semanal,  que «no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres«. La socialista lanzaba su afirmación en el marco de las críticas del Gobierno a la aplicación del ‘pin parental’ por parte del Ejecutivo de Murcia, a propuesta de Vox.

Celaá comparecía junto a la portavoz del Gobierno, María José Montero, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para atacar al Ejecutivo murciano por aceptar la petición de la formación de Santiago Abascal para permitir a los padres un control directo sobre la educación de sus hijos en las escuelas públicas de la región.

El Gobierno anunciaba que recurriría la decisión del Ejecutivo de Fernando López Miras 24 horas después de conocer su voluntad de implantar este control en las aulas murcianas. Según la portavoz de los socialistas, su obligación, es la de «restablecer la legalidad» ante una medida que, afirmó, provoca desigualdades entre los niños de esta región.

A dicha tesis se suma ahora la diputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género con unas polémicas declaraciones que ella misma trataba de suavizar minutos después de la entrevista. Rosell utilizaba su cuenta oficial e Twitter para asegurar que sus reflexiones eran una «comparación» para poner en evidencia el «absurdo al que estamos llegando con el veto parental».

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