El Gobierno quiere reforzar la Alta Inspección educativa con el PSOE y C´s pero choca con el PNV

El Gobierno quiere impulsar definitivamente un reforzamiento de las funciones y capacidad de control de la Alta Inspección del Estado para controlar los crecientes casos de adoctrinamiento escolar, especialmente, por parte de los gobiernos regionales nacionalistas. Lo pretende hacer por medio de un pacto con Ciudadanos y PSOE. Y con un acuerdo que forme parte del pacto de Estado en materia de Educación. Desde el Gobierno recuerdan que se están estudiando ya más de cien casos concretos de adoctrinamiento en las aulas catalanas y que, evidentemente, eso justifica un replanteamiento general de los actuales esquemas de control de la actividad de los profesores y centros educativos.

Pero el pacto no estará exento de dificultades. Y es que los Gobiernos autonómicos nacionalistas ya han trasladado su oposición férrea a que avance este acuerdo. El primero en dejar clara su oposición ha sido el Gobierno vasco, comandado por PNV. Los nacionalistas del presidente autonómico Íñigo Urkullu han señalado que bloquearán en la medida de lo posible esta reforma y que para ello, si tienen que poner en el plato de la balanza los Presupuestos Generales del Estado, lo harán sin dudarlo.

La postura de PNV sitúa, así, la negociación en un punto delicado: si el PP avanza en el acuerdo educativo de la mano de Ciudadanos y PSOE para combatir el adoctrinamiento nacionalista, deberá buscar otro socio distinto de PNV para impulsar las cuentas del Estado. Y sólo podrá encontrar ese sustituto -dentro su estructura de apoyos potenciales- en el propio PSOE, un partido terriblemente incómodo en esa materia y es que ya ha expresado su rechazo frontal al planteamiento económico del Gobierno y, en concreto, al pacto del PP con C´s para bajar el IRPF en 2.000 millones de euros este año. Según los socialistas lo que demanda la actual economía es una subida brutal de la práctica totalidad de los impuestos españoles: del IRPF de las rentas medias y altas, de Patrimonio, de Sucesiones, Donaciones, Ecotasas, Hidrocarburos, Electricidad, Tabaco, Alcohol, Transacciones Financieras, Ahorro, Bebidas con azúcar, etc.

Más problemas en Valencia y Baleares

El propio acuerdo con el PSOE tampoco estará exento de obstáculos. El Gobierno de la Comunidad Valenciana, comandado por el socialista Ximo Puig y por Mónica Oltra (Copromís), no ha dejado de cerrar pactos y de firmar subvenciones para garantizar el avance del catalán y del nacionalismo educativo en la Comunidad Valenciana. Y, por ello, el PSPV tampoco ve con buenos ojos la recuperación de poderes por parte de la Alta Inspección para controlar los excesos y violaciones de la libertad de elección educativa de los padres recogida en la Constitución.

Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otra comunidad socialista: la balear. Allí, pese a gobernar la socialista Francina Armengol, lo cierto es que su política lingüística y educativa pivote sobre el principio de «normalizar» el catalán. Los apoyos del Partido Socialista en esta región -Podemos y Mes- han radicalizado los casos de adoctrinamiento y, por lo tanto, Armengol pretende mantenerse en el poder aunque ello suponga oponerse radicalmente el control estatal de los abusos educativos oficiales.

Y todo ello, pese a que realmente el acuerdo que propone el Gobierno no plantea en ningún caso eliminar las competencias inspectoras autonómicas. Sino, simplemente, establecer un sistema de segunda nivel en el que se controlen los abusos y violaciones de forma urgente y se pueda actuar con recursos eficaces para cortar las ilegalidades y garantizar los derechos de niños y padres.