García Ortiz prepara otro ‘dedazo’ para elegir al fiscal de Menores frente al candidato con más méritos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, prepara el terreno para llevar a cabo otro dedazo. Ha convocado un nuevo pleno del Consejo Fiscal para los días 6 y 7 de marzo y tiene previsto esos días realizar varios nombramientos clave. Entre ellos, fuentes fiscales alertan de que se va a cubrir el puesto de fiscal de sala coordinador de Menores. El fiscal José Miguel de la Rosa –el que consiguió anular en el Supremo la designación en ese cargo de Eduardo Esteban– se ha vuelto a presentar, pero existe un temor generalizado de que el fiscal general vuelva a imponer su criterio y coloque a alguien de su total confianza y afinidad ideológica.

Esa Fiscalía es de suma importancia porque coordina las secciones de Menores de las Fiscalías territoriales. Además, vela por la armonización de los criterios de actuación en las materias de protección de las personas menores de edad. Es uno de los puestos actualmente vacantes más relevantes en el Ministerio público por su categoría.

Tras la renovación de García Ortiz como fiscal general anunciada en noviembre, el fiscal general quiere cubrir los puestos sin titular. Sin embargo, no cuenta con la mayoría en el Consejo Fiscal y, en lugar de pactar con las asociaciones de fiscales nombres de consenso, podría volver a repetir la técnica del dedazo.

El orden del día del Consejo Fiscal –el primero tras el pleno de alta tensión en el que García Ortiz se vio forzado a apoyar a los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en la causa del procés– recoge, en su punto número siete: «Concurso discrecional». Se trata de un procedimiento múltiple en el que van muchas plazas y, entre ellas, la del fiscal de Menores, la más relevante y polémica. «La sospecha es grande de que García Ortiz va a imponer a su candidato, aunque ese tenga menos méritos que otros en liza», agregan fuentes próximas a esos nombramientos.

Fue en julio cuando el Supremo anuló el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Menores. Una designación que se llevó a cabo a propuesta de Dolores Delgado cuando era fiscal general. El Alto Tribunal anuló por dos veces ese nombramiento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo remarcó que los motivos esgrimidos por Delgado para nombrarlo no eran válidos.

Ese fiscal llegó al cargo en 2021, tras un Pleno del Consejo Fiscal donde obtuvo el apoyo de cinco vocales, mientras que el fiscal José Miguel de la Rosa, logró seis votos. Pese a ello, Delgado se decantó por Esteban, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció la ex fiscal general. Ante la primera anulación, Delgado firmó un escrito de 22 páginas para argumentar la designación, pero tampoco fue admitido.

Esteban fue cesado en diciembre por orden del Gobierno, ya que formalmente es el Ejecutivo quien nombra y cesa los altos cargos de la cúpula fiscal, aunque lo haga a propuesta del fiscal general tras consultarlo con el Consejo Fiscal.

Una vez cesado, la plaza quedó desierta. Se puso en marcha un proceso para cubrirla, un nuevo concurso. Ahora se celebrará un pleno del Consejo Fiscal para valorar a los candidatos que compitan por el puesto. Tras ello será el fiscal general quien proponga al aspirante que considere mejor para el cargo –posiblemente sin atender al criterio mayoritario del Consejo Fiscal–. Finalmente, se producirá la consecuente designación por parte del Consejo de Ministros.

En este punto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general al considerar que ha hecho un uso «espurio» de sus poderes. En particular, su política de nombramientos discrecionales y el duro fallo del Supremo sobre Dolores Delgado.

En este sentido, el CGPJ le acusó de haber «demorado la ejecución de la sentencia firme» sobre la Fiscalía de Menores durante «más de cuatro meses». En total, durante más de tres años y medio, el fiscal «inidóneo» ha ocupado el cargo. No obstante, García Ortiz asegura que la gestión de los tiempos le corresponde al Gobierno.

En al misma línea, el CGPJ atribuyó a García Ortiz «desidia» a la hora de acatar la sentencia del Supremo sobre Delgado. A juicio del Consejo, al anularse su ascenso a fiscal de sala, no puede seguir siendo fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cargo que ocupa actualmente y en el que se mantiene tras se fallo.

Además, sobre los nombramientos discrecionales, el CGPJ también dijo que la actuación de García Ortiz «adolece, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia». Le afeaban, en concreto, promocionar en especial a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto él como Delgado. Esta entidad ha logrado 22 de los 33 cargos adjudicados en la era del actual fiscal general.

El Consejo subrayaba que la UPF «cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera» fiscal. Por tanto, «del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66,6% de los cargos discrecionales, con el añadido de que 14 de ellos lo han sido promocionando en una categoría superior». Frente a ello, sólo «5 lo han sido de la Asociación de Fiscales (AF) [la mayoritaria, con 630 asociados] y 4 de no asociados, que son el mayor porcentaje de la carrera (970 asociados), lo que supone haber designado a solo el 12% a los que representan el 40%».

«Concluir de esas magnitudes que los miembros de una concreta asociación minoritaria tienen ese grado de excelencia y que los que no pertenecen a ninguna asociación merecen un ostracismo para acceder a la cúpula judicial requiere una justificación muy reforzada que nunca se ha realizado», lanzaron desde el CGPJ.