Los fiscales fuerzan a García Ortiz a retratarse ante las acusaciones de ‘lawfare’ del independentismo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá que pronunciarse sobre la petición de «amparo y respaldo» impulsada por dos asociaciones de fiscales respecto a las acusaciones de lawfare lanzadas por el independentismo catalán. Tal como adelanta OKDIARIO, el Consejo Fiscal ha incluido en el orden del día de su reunión de finales de diciembre un punto en este sentido.

La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han forzado la inclusión de un punto inédito, según fuentes fiscales consultadas. Por primera vez, ese órgano tendrá que dirimir si es conveniente aceptar la petición de aprobar un posicionamiento a favor de los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio al procés y en procedimientos en tribunales de Cataluña en asuntos vinculados al secesionismo catalán. Se han sentido cuestionados por el pacto de PSOE y Junts que incluye la Ley de Amnistía y habla de lawfare –persecución con fines políticos– y de comisiones de investigación en el Congreso para revisar procedimientos judiciales.

A pesar de que múltiples fiscales han pedido en público y en privado a García Ortiz un pronunciamiento claro contra esos planes de Pedro Sánchez, el fiscal general –que el CGPJ ha considerado no idóneo– ha optado por ponerse de perfil. Hasta ahora se había limitado a decir que no iba a dar ningún paso hasta ver las consecuencias del pacto de PSOE y Junts plasmadas en el BOE. En un congreso de fiscales afirmó que «siempre» iba a estar como «fiscal general al frente y en defensa de la carrera». «Soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre», apuntó lacónicamente para pedir «tranquilidad» a «todos y todas las fiscales de España en todos sus ámbitos de actuación».

En una carta a toda la carrera fiscal, García Ortiz pedía respeto al principio de separación de poderes e instaba a evitar cualquier injerencia «en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado». Igualmente, solicitaba respeto a las instituciones constitucionales y que los fiscales no valoraran la Ley de Amnistía mientras no esté en el BOE.

Así, se ha mostrado reticente a seguir la estela de la práctica totalidad de organismos de la Justicia que han afeado el pacto de Sánchez. De las salas de Gobierno del Supremo y la Audiencia Nacional al CGPJ, pasando por asociaciones de jueces, fiscales, abogados, etc.

Ante la petición expresa de los cuatro fiscales que se mostraron inflexibles en el Supremo, García Ortiz había hecho oídos sordos hasta ahora. Sin embargo, ahora acepta que el Consejo Fiscal que él preside aborde el siguiente punto: «Análisis de la solicitud formulada por los señores vocales de la Asociación de Fiscales, a la que se adhiere el vocal de la APIF formulada en los siguientes términos: ‘Aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado procés, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política’».

La Asociación de Fiscales (AF) no se ha dado por vencida y, tras tramitar un escrito a la fiscal jefa inspectora, ha conseguido que García Ortiz tenga que optar entre posicionarse o no pronunciarse en la reunión, lo que sería dejar tirada a la carrera fiscal, según la AF.

El Consejo Fiscal está compuesto por 11 vocales, de los que 6 son de la AF, uno de la APIF y el resto de la asociación afín a la izquierda y ligada a García Ortiz. No obstante, las fuentes consultadas indican que no es habitual que se tengan que votar los puntos del orden del día. La mayoría de asuntos son temas técnicos (nombramientos, seguimiento del plan de igualdad, programas de fiscalización, etc.) que se dan por abordados. No obstante, otras voces no descartan que en este caso sí se tenga que votar y se dé espacio a votos particulares si la decisión general no contenta a algún vocal.

«Con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts del 9 de noviembre de 2023 y el registro ante la Mesa del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía, se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los Fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición», afean desde la AF.

En particular, recuerdan un episodio reciente. El teniente fiscal de Cataluña, Padro Ariche, acudió el 16 de noviembre a la Comisión de Justicia del Parlament catalán a presentar la memoria anual. Ahí, el diputado Joaquim Jubert (Junts) se encaró acusándole públicamente de vulnerar la presunción de inocencia en su actividad profesional. «No eres bienvenido», le espetó.