El fiscal general amordaza a los del Supremo y les prohíbe hablar de la amnistía hasta verla en el BOE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha respondido este jueves a una carta de los representantes del Ministerio Público en el juicio del procés en el Tribunal Supremo y les avisa de que no habrá un pronunciamiento oficial sobre La Ley de Amnistía hasta, en todo caso, verla publicada en el BOE. Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno en su misiva rogaban «amparo institucional» ante las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de lawfare y depurar responsabilidades.

Los fiscales que se afanaron en lograr una condena a los líderes independentistas imploraban a García Ortiz que, «en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano», les otorgara «amparo institucional» porque «junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público».

En su texto inciden en que el pacto PSOE-Junts determina que «la valoración que efectúen esas comisiones de investigación sobre tales decisiones y actuaciones judiciales podrá servir para ejercer acciones de responsabilidad contra quienes legítimamente y en el ejercicio de sus funciones defendieron la legalidad constitucional frente a los graves ataques de que fue objeto, y activaron la obligada respuesta judicial mediante la aplicación de las leyes penales frente a acciones delictivas de una gravedad incuestionable».

«El contenido de este acuerdo nos genera una especial preocupación, ya que conculca el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial», remarcan los fiscales de sala del Tribunal Supremo alertados por los planes de conceder una amnistía de difícil encaje legal. A su juicio, «la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no es admisible en un Estado que se proclama democrático y de Derecho, y que iniciativas como esta claramente demuestran el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial».

Avisan igualmente de que «el reconocimiento de que la actuación judicial fue injustificada y obedecía exclusivamente a razones políticas –con el uso absolutamente improcedentes del lawfare o judicialización de la política– obviando la naturaleza manifiestamente delictiva de los actos que se cometieron y el respeto institucional que la función jurisdiccional merece en un Estado de Derecho representa una quiebra absoluta de los valores constitucionales que inspiran nuestra democracia, en particular de la justicia, el pluralismo político y de la igualdad ante la ley».

Del mismo modo, enfatizan que su intervención en la causa del procés «se sujetó estrictamente a los principios de legalidad y de imparcialidad, actuando siempre conforme al principio de unidad de actuación y de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Fiscalía General del Estado, por lo que calificar el ejercicio de sus funciones constitucionales y estatutarias como injusto, desproporcionado y guiado por motivos políticos solo puede entenderse como un ataque a la institución que debe ser objeto de respuesta».

Así las cosas, piden a García Ortiz que «actúe en defensa de la legalidad constitucional, recordando a los poderes públicos el estricto cumplimiento de la ley, y en defensa de quienes como miembros de esta institución ejercieron sus funciones con responsabilidad, con imparcialidad y con sujeción a la legalidad en los procesos penales en cuestión».

Por su parte, el fiscal general les responde en una carta que también va dirigida al conjunto de la carrera fiscal. Echa un capote al Gobierno que le nombró y aclara: «Cualquier posicionamiento del ministerio Publico respecto de una futura amnistía (…) exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestros ordenamiento».

«El posicionamiento, en todo caso técnico-jurídico, de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que se demanda nuestra intervención», avisa plegándose a los intereses del Ejecutivo de Pedro Sánchez apoyado por partidos secesionistas.

Igualmente sostiene que «el fiscal general del Estado ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados».

Si bien promete que «velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas», acuerda que por ahora no caben pronunciamientos a favor de la carrera fiscal cuyo trabajo en el Supremo y en otras instancias en relación con el procés puede quedar en papel mojado en los próximos meses por la Ley de Amnistía.

Finalmente, trata de lanzar un cumplido a los fiscales del Supremo que ven con temor la amnistía: «La observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el Ministerio Fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que las y los fiscales tienen encomendada».