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El Poder Judicial declara «no idóneo» al fiscal general por primera vez en democracia

El CGPJ se manifiesta en contra de la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado

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Varapalo del órgano de gobierno de los jueces a Pedro Sánchez. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha considerado, por 8 votos a 7, que Álvaro García Ortiz no es idóneo para el cargo de fiscal general del Estado. Es la primera vez en la historia de la democracia que el gobierno de los jueces no otorga su aval al fiscal designado por el Gobierno.

El Consejo de Ministros renovó el martes a García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el líder de los fiscales debe cesar con el Gobierno que lo propuso pero, el artículo 29.2. señala que el mandato puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Este último caso es la situación en la que se encuentra García Ortiz: lleva poco más de un año en el cargo y el Ejecutivo ha decidido mantenerle en el mismo.

Para finalizar dicho trámite, el órgano de gobierno de los jueces debía realizar un trámite de audiencia en el que el CGPJ debe ser oído. Se trata de un trámite en que se ratifica la legalidad del nombramiento en el que el nuevo líder de los fiscales debe cumplir requisitos entre los que se encuentra ser un jurista con más de 15 años de acreditada experiencia.

También se valora la idoneidad del candidato que en este caso ha resultado negativa tras los votos de los vocales María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart. El resto de los vocales ha avalado la idoneidad excepto en el caso de Enrique Lucas que se ha abstenido.

Dimisión de Álvaro García Ortiz

El pronunciamiento del CGPJ llega tras la petición de dimisión de Álvaro García Ortiz propuesta por la Asociación de Fiscales. Esta agrupación aglutina a más de 600 fiscales de los 2.500 que hay en España. Tras la celebración de su congreso anual, la presidenta Cristina Dexeus pidió su dimisión al no pronunciarse abiertamente sobre la amnistía en defensa del Estado de Derecho. El fiscal general respondió que al estar en funciones no podía dimitir. 

El Gobierno anunció la renovación de Álvaro García Ortiz horas después del fallo del Tribunal Supremo (TS) atribuyéndole una «desviación de poder» en el ascenso de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. El Alto Tribunal anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala tras el recurso que interpuso su contrincante a la hora de obtener la plaza el fiscal Luis Rueda.

La sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por Álvaro García Ortiz fue asegurar a Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor. Uno de los firmantes de la mencionada sentencia —el magistrado Pablo Lucas— es precisamente el hermano del vocal Enrique Lucas que se ha abstenido.

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