Fiscalía General del Estado

Sánchez renueva al fiscal general del Estado pese a ser vapuleado por el Supremo por «desviación de poder»

El Consejo de Ministros del próximo martes confirmará a Álvaro García Ortiz

Pedro Sánchez quiere al ex número dos de Dolores Delgado como fiscal general del Estado hasta 2027

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovará en su cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a pesar de haber sido reprendido por el Tribunal Supremo por «desviación de poder» por su decisión de ascender a Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Fuentes del Gobierno confirman este movimiento que permite al jefe del Ejecutivo mantener a un hombre de su confianza en el Ministerio Público. Se hará efectivo en el Consejo de Ministros del próximo martes 28 de noviembre.

García Ortíz se encuentra en las últimas semanas en el ojo del huracán también porque buena parte de la carrera fiscal le pide un pronunciamiento en contra del pacto de PSOE y Junts que cuestiona las decisiones judiciales y plantea una Ley de Amnistía que olvide los casos delictivos de los dirigentes independentistas en el procés. Por el contrario, el fiscal general se mantiene firme en decir que no habrá un posicionamiento oficial del Ministerio Fiscal hasta que la ley entre en vigor.

Este martes la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el fiscal Luis Rueda García contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal en el Tribunal Supremo. Dicha decisión fue confirmada por el Consejo de Ministros, a petición del fiscal general del Estado con quien Delgado mantiene una estrecha relación. Sin embargo, su contrincante por la plaza, Luis Rueda, recurrió el nombramiento ya que apreciaba en la sentencia desviación de poder.

Los motivos de la Sala para cuestionar el nombramiento aluden a una desviación de poder que consiste en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico». La sentencia considera acreditado que la finalidad buscada por Álvaro García Ortiz fue asegurar a Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor. Esto se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas de la Fiscalía, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito.

De esta forma, el Gobierno conserva su apuesta por García Ortiz, quien llegó al cargo en agosto de 2022 como relevo de la también ex ministra de Justicia Dolores Delgado. Desde Moncloa subrayan que estamos ante «un fiscal de carrera de reconocido prestigio».

Este miércoles le han preguntado a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si el Álvaro García Ortiz seguía teniendo la confianza del Gobierno después de que el Supremo anulase el nombramiento de Delgado. No obstante, la ministra, en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, ha evitado responder señalando que el Ejecutivo respeta todas las decisiones judiciales y la separación de poderes.

Fotografía con el PSOE gallego

Álvaro García Ortiz, nacido en Salamanca en 1967, tiene una clara afinidad con el PSOE a pesar de que la Fiscalía debe ser imparcial e independiente. Como prueba: su participación en un acto previo a la campaña electoral de los últimos comicios autonómicos en Galicia. El hoy fiscal general del Estado aceptó la invitación del entonces líder del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, para contribuir al laboratorio de ideas socialista que buscaba crear «una Galicia sostenible».

fiscal general del Estado

García Ortiz desplegó en Galicia la mayor parte de sus 18 años de carrera profesional. En esta región saltó a la fama porque fue fiscal delegado de Medio Ambiente y participó en el juicio del caso Prestige, un proceso que comenzó en 2003 tras el hundimiento del petrolero con 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas el 13 de noviembre de 2002 y que 16 años después tuvo su respuesta definitiva en el Supremo. Finalmente se condenó a dos años de prisión al capitán del buque Prestige, Apostolos Ioannis Mangouras, como responsable de un delito contra el medio ambiente en la modalidad agravada de daños catastróficos. Una sentencia a la postre escasa para muchos sectores de las poblaciones afectadas.

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