La Fiscalía ve indicios de delito en el trato a los funcionarios de prisiones durante la pandemia

Un juzgado de Madrid ha aceptado a trámite la acusación contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por su gestión de la pandemia en prisión, que además ha sido secundada por Fiscalía, que ve los mismos indicios de dejadez a la hora de velar por los trabajadores de las cárceles. Desde el 14 de marzo ha habido casi 1.000 casos de Covid entre la plantilla de funcionarios de prisiones  y más de 700 entre los reclusos.

La pandemia del Covid-19 ha dejado un reguero de víctimas cuyas dimensiones no acaban de calibrarse por mucho que pasen los meses. Sin embargo, en algunos lugares, la incidencia de la enfermedad, el riesgo de los contagios y la situación generada por las restricciones impuestas por el Gobierno se han vivido de una manera especialmente más dura que en otras. Y si hay un lugar donde la pandemia ha sido extremadamente dura y complicada ese sin duda ha sido la prisión.

Desde hace tiempo los funcionarios de prisiones han venido denunciando, de forma especialmente activa el colectivo Tu Abandono Me Puede Matar, la frágil situación penitenciaria vivida durante los meses más duros de confinamiento. La suspensión de visitas a las cárceles por parte de los familiares de los presos supuso una situación de difícil manejo para un cuerpo de funcionarios que, con una absoluta precariedad de medios y sin ostentar la figura de autoridad, dentro de la prisión tuvieron que enfrentar las consecuencias de tener una población reclusa a la que de la noche a la mañana se le prohibía ver a sus familias y que de repente perdía el acceso a una de las claves de la paz social en las cárceles: la droga.

En confinamiento no había tránsito de personas en la cárcel y si las personas no llegaban la droga que ellas introducen tampoco. ¿Resultado? Altercados, peleas y enfrentamientos con los funcionarios a diario. Si ya el día a día en las prisiones es duro, se hace difícil pensar cómo lo han pasado los funcionarios a la hora de tener que reducir estos comportamientos con el inherente riesgo de contagio que el contacto físico con los presos tiene. Y ese es precisamente el objeto de la querella de la que ha tenido conocimiento OKDIARIO.

Sin mascarilla para no alarmar

Según TAMPM “durante la primera ola de la pandemia y parte de la segunda, a los trabajadores penitenciarios no se nos dotó de mascarillas adecuadas al desempeño de nuestro trabajo en prisión, debiendo traerlas los propios trabajadores de sus casas, aun con el riesgo de ser expedientados”. ¿Expedientados?, ¿por qué?, ¿por hacerse con mascarillas con dinero de su propio bolsillo? No. Las fuentes de TAMPM aseguran a este diario que la consigna en los centros penitenciarios hacia los trabajadores era la de realizar su jornada laboral sin mascarilla para no alarmar a la población reclusa y así provocar mayores incidentes. De hecho, aseguran desde esta asociación que en los meses de marzo y abril la dotación de mascarillas y guantes fue muy escasa, y en muchos centros inexistentes.

Si la estrategia consistió en contener los contagios a la vez que el miedo, las estadísticas oficiales que maneja la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias demuestran que la política de contención del Covid en la cárcel ha sido tan aparentemente rácana como poco efectiva. Los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico con fecha 2 de diciembre son que desde el 14 de marzo ha habido 923 funcionarios de prisiones contagiados con Covid de los que lamentablemente cuatro fallecieron. Actualmente 145 de esos casos son activos. Un total de 103 están en observación médica o cuarentena. Pero es que a los internos no les ha ido mucho mejor. 730 contagiados, tres de ellos fallecidos, 158 están activos. En total 436 están bajo vigilancia médica o cuarentena.

Desde el 14 de marzo de 2020 en las cárceles españolas se han detectado más de 1.650 casos de Covid. 7 de ellos acabaron muriendo.

¿Eran estos contagios evitables? Seguramente no, pero sí se podían haber paliado, y ahí está el espíritu de la querella aceptada ahora y respaldada por Fiscalía. Los funcionarios no solo denuncian la falta de EPIS en prisión sino que a día de hoy aseguran que “la realización de test preventivos para los trabajadores es residual. La mutua de accidentes que lleva la prevención de riesgos laborales no los realiza, con conocimiento de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, como se puede comprobar por diversas notificaciones que dicha mutua ha efectuado a la secretaría general sin que se haya puesto solución alternativa al respecto”. OKDIARIO ha tenido ha podido comprobar la existencia y veracidad de las citadas comunicaciones.

Los trabajadores quieren ahora a través de esta querella que se reconozca la falta de protección que sienten haber sufrido desde instancias superiores y recuerdan que de nada sirve ser calificado como trabajador esencial si no se les dota de medidas de protección y diagnóstico que les ayude a desempeñar su labor con los presos.