La Fiscalía pedirá la imputación de todo el Comité Ejecutivo del 1-O

La Fiscalía cree que todo el Comité Ejecutivo montado por los partidos separatistas y la Generalitat para liderar el golpe del 1-O debe ser acusado de rebelión, sedición y malversación. El Ministerio Público considera que, tras la investigación realizada por la Guardia Civil, ha quedado acreditada la gravedad de los hechos cometidos por los más de veinte integrantes de lo que fue considerada la tropa de elite -muchos de ellos, directores de los departamentos clave de la Administración catalana- que debía materializar la ruptura con España hasta el punto que deben compartir acusación con Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. Porque, a su juicio, todos ellos colaboraron en un plan conjunto y con el objetivo de saltarse sistemáticamente la Constitución hasta conseguir romper la unidad de España.

Los líderes del golpe -el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras- crearon una importante estructura de apoyo y trabajo para llevar a buen puerto su plan secesionista. Con ese fin establecieron dos grupos de personas centrados en los distintos trabajos necesarios para preparar Cataluña para la independencia. Esos grupos aparecen recogidos en el documento “EnfoCats” incautado por la Guardia Civil en el registro realizado el 20 de septiembre pasado en el domicilio particular de Josep Maria Jové, el secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. El hombre de confianza de Junqueras.

En ese documento plasma un lema: “Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica”. Y describe un grupo de protagonistas del golpe denominado “Comité Estratégico”. Y un segundo grupo llamado “Comité Ejecutivo”. Contra el primero de ellos, tal y como ha adelantando OKDIARIO quiere actuar de forma contundente el juez Pablo Llarena imputando a la totalidad de sus miembros: 30 personas entre las que se encontraban Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, pero también representantes sociales del independentismo y parlamentarios de renombre que tuvieron un papel activo en el desarrollo de lo que llamaban ellos mismos las “estructuras de país”.

El segundo grupo y, aunque menos plagado de grandes figuras, no menos importante, era “el Comité Ejecutivo”. Allí, los golpistas incluyeron a los secretarios generales de Presidencia y vicepresidencia (Josep Maria Jové), los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto y consejeros o secretarios generales ad hoc, según las temáticas a tratar”. Su composición concreta, con los nombres y apellidos aún está por definir, pero su número podría superar la veintena. Y en él podrían estar responsables del Cesicat (el CNI catalán), de la Hacienda Catalana, de la Seguridad Social que fabricaban ya los separatistas, o del CTTI (el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información que, infiltrado realmente por enviados del Cesicat, podría haber jugado un papel determinante en el control de las telecomunicaciones).

La Guardia Civil aclara que “es curioso que se haga constar que se dé publicidad de la existencia de esta coordinación (de los dos comités) pero que se sea muy discreto a la hora de la comunicación de su funcionamiento diario”. Y efectivamente lo fueron: porque pretendían proteger a los verdaderos responsables directos de ir fabricando los censos, las estructuras y la mecánica del golpe separatista.

El documento aportado por la Benemérita narra expresamente que el Comité Ejecutivo era el encargado de “liderar el día a día de la implantación del Plan Estratégico”. Sus órdenes eran sencillas pero decisivas: “Ejecutar las tareas encomendadas por el Comité Estratégico. Garantizar la correcta ejecución en tiempos, recursos y el nivel de calidad. Proponer acciones de mejora, corrección y contingencia. Coordinar a todos los agentes intervinientes en las tareas”.

Nada descarta que el número de imputaciones no siga en aumento. Pero, de momento, lo cierto es que esta nueva fase afectará a segundos niveles de la Administración que, sin embargo resultaron decisivos. Y que, muchos de ellos, pudieron llegar a pensar que el proceso judicial no llegaría hasta ellos. Porque la Guardia Civil ha decidido chequear de arriba a abajo organismos como la Hacienda catalana, comandada por Lluís Salvadó Tenesa, secretario de Hacienda del Govern y Eduard Vilà, director de la Agencia Tributaria Catalana. O como el Cesicat, dirigido por Xavier Gatius. O como el CTTI, donde una de las personas clave era el director de Estrategia e Innovación, Josuè Sallent.