Comunidad Valenciana

La fiscalía investiga a Ribó por subvencionar entidades catalanistas sin justificar el interés social

La fiscalía investiga al alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), por una subvención de 6.000 euros a una asociación pancatalanista sin interés público justificado, según el informe de fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.

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El alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís. (Foto: EFE)

Las ayudas directas del alcalde de Valencia, Joan Ribó, están siendo investigadas por la fiscalía ya que alguna de ellas se concedieron sin que se justificara su interés publico o social. Es el caso de los 6.000 euros recibidos en 2018 por la pancatalanista Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.

La Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga  se define como “una institución que agrupa empresarios, profesionales e instituciones de Cataluña, Andorra, Valencia, las Islas Baleares y de la Cataluña Norte con la intención de fomentar la cooperación entre las regiones del Mediterráneo noroccidental, a partir de unas coincidencias históricas, lingüísticas, sociales, y de mentalidad empresarial”.

La entidad ha recibido más de un millón de euros de la Generalitat de Cataluña desde 2002 por "promover y difundir la lengua, la cultura y la historia catalanas, la economía y los valores cívicos, convencionales y medioambientales".

La fiscalía ha decidido investigar la subvención directa otorgada por Ribó en 2018 dado que “no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social, económico o humanitario (…) que dificulten su convocatoria pública”, según alertó el interventor del expediente. Advertencia que, sin embargo, no impidió al gobierno municipal seguir tramitando la subvención.

La fiscalía investiga a Ribó por subvencionar entidades catalanistas sin justificar el interés social
Detalle del informe de la Intervención General

La decisión fue impugnada por el PP. Entendía Eusebio Monzón, portavoz del Grupo Popular, que la concesión no estaba amparada ni por el carácter excepcional (artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones) ni cumplía los requisitos para justificar su adjudicación directa (artículo 17.2 de la Ordenanza de Subvenciones), ya que en ambos casos la Alcaldía está obligada a acreditar razones de interés público, social, económico o humanitario (Base 4 de las bases reguladoras de la concisión directa aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 2017).

Trato de favor

El PP aportó a la Agencia Antifraude documentación, según la cual, quedaría acreditado “el claro trato de favor que se realiza a esta organización por parte de la Alcaldía de Valencia”. Por ejemplo, se le permitió presentar la documentación "en mano" ante la Alcaldía sin constar fecha de registro de entrada. También lo hizo sin utilizar los medios electrónicos a los que obliga la legislación vigente para las personas jurídicas y que el Ayuntamiento de Valencia sí aplica a cualquier otra entidad tal. Además, los documentos justificativos de la subvención concedida fueron elaborados un día después del límite legal para la justificación.

El Ayuntamiento desestimó el recurso del PP con el argumento de que “el beneficiario aportó la información cuando fue requerido para ello” y que “los vicios o defectos alegados, de existir, como máximo podrían constituir meras irregularidades no invalidantes”.

La entidad es una de las habituales asociaciones pancatalanistas subvencionadas por el Ayuntamiento y la Generalitat de Valencia. Ribó le otorgó 12.000 euros en 2016, 6.000 en 2017 y otros tantos el año pasado.

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