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    Crisis del coronavirus

    Una de las convocantes del 8-M investigado por la juez recibe 2,4 millones en subvenciones al año

    La promotora principal del 8-M fue candidata de Podemos en varias ocasiones

    Se autodefine como "anticapitalista y ecologista" y vive en un casoplón en la sierra madrileña

    Coronavirus: última hora del Covid-19 y las fases de la desescalada

    8-m
    Dirección de la asociación que llamó a la marcha central del 8-M en Madrid.
    • Fernán González
    • 08/06/2020 06:46

    La autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid a las organizadoras de la marcha central del 8-M en la capital, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que junto a Alicia López Hernando, candidata de Podemos en varias elecciones, está Carmen Pérez Hueros, directiva de una asociación que recibe anualmente más de 2,4 millones de euros públicos en subvenciones.

    La promotora principal a la que el delegado José Manuel Franco dirige sus escritos es Alicia López, candidata de Podemos en las últimas elecciones municipales en El Boalo (Madrid) y de otros comicios previos a nivel nacional, pero en la documentación figuran otras tres mujeres más. Dos de ellas aparecen como «representantes de la Asamblea Feminista de Madrid», pero también hay otras dos entidades que se responsabilizan de la masiva convocatoria que disparó los contagios de coronavirus.

    Por un lado, está «Carmen Pérez Hueros, representante de Entrepueblos» y, por otro, «Mercedes Isabel Bustos Tocon, representante de Teatro de la Tierra». En todo caso, las cuatro se dirigen a la Delegación del Gobierno en Madrid «en nombre de la Comisión 8 de Marzo del Movimiento Feminista de Madrid».

    La primera de estas entidades se define en su web como «una asociación de solidaridad internacional independiente, feminista, con base social activista, constituida en 1988 por los Comités de Solidaridad con América Latina». Según aparece en sus memorias económicas consultadas por este periódico se trata de una entidad que pervive gracias a las subvenciones de decenas de administraciones públicas españolas.

    Una de las convocantes del 8-M investigado por la juez recibe 2,4 millones en subvenciones al año
    Escrito remitido por la Delegación a las convocantes del 8-M. (Clic para ampliar)

    En 2018, último ejercicio cuyas cuentas han publicado, recibieron 2.436.026 euros en subvenciones por proyectos y por estructura frente a 80.182 euros en cuotas de socios, 83.331 en donaciones y 694 en ingresos financieros. Una distribución de ingresos que se replica entre los años 2017 y 2012 cuyas respectivas memorias tienen publicadas.

    Las subvenciones más cuantiosas que recibieron ese año son 535.703 euros del Gobierno vasco para el proyecto «Verdad, Justicia y Reparación: por la defensa y exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, de los pueblos y de la Naturaleza en Ecuador», 625.000 euros de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) para luchar «por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, en Perú», 349.743 euros del Ayuntamiento de Madrid o 323.500 del de Barcelona. Indican que tienen 17 empleados (14 en la sede y 4 cooperantes).

    Por su parte, Carmen Pérez Hueros, miembro de la Junta Directiva de esta asociación, expone en su currículum todas las entidades en las que se ha involucrado. Más de doce comisiones, redes, plataformas, alianzas, foros, consejos, etc. Todas ellas vinculadas al feminismo y al ecologismo, algunas en España y otras en Guatemala.

    Información de la Delegación

    Por otra parte, en la documentación que la Delegación del Gobierno ha trasladado a OKDIARIO sobre las manifestaciones del 8-M señala otros aspectos interesantes. Defiende que «en relación a informes relativos a la salud pública en las concentraciones de autoridades sanitarias, los únicos informes de la naturaleza descrita que obran en la Delegación del Gobierno de Madrid son dos Resoluciones de la Comunidad de Madrid publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad el sábado 7 de marzo».

    No obstante, asegura que dichos documentos fueron «registrados en esa Delegación el lunes 9 de marzo de 2020». Señala que «en el resto de las Delegaciones del Gobierno (en otras comunidades autónomas) no constan informes de dicha naturaleza».

    41 manifestaciones

    Además, revela que hubo otras 41 manifestaciones comunicadas al equipo de José Manuel Franco para ese domingo. Al margen de la central, que esperaba concitar hasta un millón de personas aunque finalmente acudieron 120.000, el resto eran actos de entre 50 y 3.000 asistentes previstos.

    Una de las convocantes del 8-M investigado por la juez recibe 2,4 millones en subvenciones al año
    Carta que las cuatro organizadoras enviaron a la Delegación del Gobierno sobre el 8-M. (Clic para ampliar)

    Esos actos de pequeño formato estuvieron promovidos por sindicatos como CC.OO. en Aranjuez, CGT, Alternativa Sindical de Trabajadores o Solidaridad Obrera o las comisiones y asambleas 8M de Getafe, Moratalaz, Hortaleza, Parla, Ciempozuelos, Majadahonda, Rivas o la plataforma de Jubilados y Pensionistas de Móstoles.

    También llamaron a manifestarse en concentraciones pequeñas los colectivos La Corrala-Patio Feminista en Aranjuez, Malvas Locas en Collado Villalba, ALMA en El Álamo, las asociaciones vecinales de San Blas y Ciudad Lineal, Agua de Mayo en Alcalá, el Ateneo Popular de Alcorcón, la asociación vecinal El Polígono de Zarzaquemada, Comunicadoras 8M, la asociación de vecinos La Unidad de Villaverde Este, el Movimiento Dignidad de la Mujer en San Sebastián de los Reyes, Tierra y Culturas, ANADAHATA, y, entre otras, la Asociación Vecinos La Nueva Elipa.

    También destaca las respectivas concejalías de Igualdad de los ayuntamientos de Coslada y de Móstoles o directamente los partidos políticos Podemos en el pueblo de Villanueva del Pardillo y el PSOE en  Daganzo de Arriba.

    Investigación abierta

    Tras los datos de que los actos permitidos el 8 de marzo conllevaron un aumento exponencial de los contagios de coronavirus, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha abierto una investigación.

    El delegado del Gobierno en la capital se enfrenta a una imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa. La magistrada también incluyó el delito de lesiones por imprudencia profesional pero lo retiró en la causa abierta.

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