El Consejo de Estado obligó al Gobierno a corregir su ley ELA por excederse en requisitos a los pacientes

El Consejo de Estado advirtió al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, de varias correcciones en el real decreto que desarrolla la conocida como Ley ELA. En su dictamen, de 23 de octubre, avisa, por ejemplo, que el decreto impone a los enfermos determinadas exigencias que chocan con la propia ley, dificultando así el acceso a los derechos reconocidos en la misma.

Así, el decreto obligaba a los enfermos a acreditar «de forma acumulativa» dos criterios: «No presentar respuesta clínica significativa a los tratamientos» y «no existir una alternativa terapéutica autorizada con eficacia curativa o modificadora sustancial del curso de la enfermedad».

Sin embargo, el Consejo de Estado avisó que el enfermo sólo estaría obligado a  cumplir uno de esos criterios, y no los dos, como recogía el proyecto de decreto del Gobierno. Finalmente, Sanidad rectificó y el texto final sí incluye la modificación.

«Silencia el coste»

El Consejo de Estado hace otras precisiones. Por ejemplo, avisa que el decreto «elude reconocer la necesidad inmediata de dotación presupuestaria», lo que proporciona «una imagen inexacta de la realidad económica» que supondrá su desarrollo.

En la memoria presentada por el Ministerio de Sanidad se afirma que el decreto «no conlleva por sí mismo variaciones en los Presupuestos Generales del Estado ni en las comunidades autónomas, al no crear derechos nuevos ni alterar los existentes», por lo que no tendría, según el departamento de Mónica García, ningún «impacto presupuestario».

El órgano consultivo disiente de esa afirmación y avisa: «Estas afirmaciones presentan una imagen poco exacta del impacto presupuestario de la regulación proyectada, silenciando el coste que su aplicación efectiva inevitablemente implica».

«No es exacto sostener que el real decreto no crea derechos nuevos ni altera los existentes (…) el proyecto sí influye en el número de beneficiarios que tendrán eventualmente acceso a aquellos. Su influencia en el gasto en ayudas a la dependencia, servicios sanitarios y otros es, por tanto, evidente», aclara.

El Congreso de los Diputados aprobó esta semana, por unanimidad, un real decreto para dotar a la Ley ELA -para pacientes de esta enfermedad y otras complejas e irreversibles- con 500 millones de euros.

Este decreto recibió, no obstante, las críticas de la oposición por su tardanza. «376 es el número de días que ha tardado el Gobierno en financiar la ley ELA», denunció el Partido Popular: «1.128 enfermos de ELA» han «fallecido sin ayudas porque el  Gobierno se ha negado a financiar la ley».

«Es lamentable que haya tenido que pasar un año para que el Gobierno se haya dignado a poner dinero», reprochó la portavoz popular Ester Muñoz.