El Congreso perseguirá las relaciones y encuentros entre diputados y lobbies y amenaza con sanciones

El Congreso de los Diputados que preside Francina Armengol ha hecho público su I Plan de Parlamento Abierto, en el que, entre otras cosas, pretende reformar los códigos de conducta de diputados y senadores. En este Plan se exige a sus señorías que hagan públicos sus contactos y relaciones con grupos de interés y lobbies, que publiciten también sus agendas cuando se produzcan este tipo de encuentros. Para el diputado o senador que se niegue a cumplirlo, se prevé aplicar sanciones, desde apercibimientos hasta suspensiones definitivas.

De acuerdo con lo aprobado en el texto del Plan Parlamento Abierto, se va a crear un «sistema de publicidad de la interlocución entre los grupos de interés y los miembros del Congreso, mediante el cual se harán públicas las agendas de las reuniones mantenidas con diputadas y diputados, grupos parlamentarios, personal eventual y personal de la Cámara».

Todos estos requisitos tienen por objeto dar respuesta al Informe de Evaluación sobre España aprobado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, de diciembre de 2013. Trece años después, las recomendaciones que se dieron entonces aún no se han llegado a poner en práctica totalmente.

Se da la circunstancia de que diputados y senadores llevan 5 años, desde 2020, cuando empezó a solicitarse que se hicieran públicos los encuentros y reuniones con lobbies y grupos de interés, que publicasen todo este tipo de encuentros en sus agendas, pero la realidad es que el propio informe anual de 2025 reconoce que, como los años anteriores, «la mayoría de diputados y senadores» siguen haciendo caso omiso al requerimiento.

Por eso, en esta ocasión y en este I Plan de Parlamento Abierto, se habla ya de la imposición de sanciones para los que no cumplan con los requisitos de transparencia y buenas prácticas Así, el texto establece que «se establecerá un régimen sancionador que incluirá desde apercibimientos hasta la suspensión o prohibición definitiva de ejercer actividad de influencia en el Congreso en caso de incumplimientos graves o reiterados».

Se incluirá la identidad de las partes intervinientes, la fecha del encuentro y el contenido general de las cuestiones tratadas, y se publicará una guía para la gestión de las agendas según dicho plan. Además, se incorporarán sanciones por el incumplimiento de la obligación de publicar las agendas parlamentarias, asegurando que todas las reuniones con grupos de interés sean debidamente registradas y accesibles para la ciudadanía.

Transparencia

A partir de ahora se creará un registro de grupos de interés, en el que deberán inscribirse aquellas organizaciones, entidades y personas que realicen actividades de influencia en el Congreso. La inscripción será obligatoria, pública y de acceso gratuito, y estará condicionada al cumplimiento del Código de Conducta. Además, se garantizará la accesibilidad en el proceso de registro y en la publicación de información sobre los grupos inscritos. Y se publicará una guía para la gestión de las agendas, siempre en aras de la transparencia.

Será la Secretaría General de la Cámara, con el letrado mayor, Fernando Galindo Elola-Olaso, a la cabeza, el órgano responsable de la gestión administrativa y de elaborar la guía informativa para sus señorías, en la que se detallarán todos los procedimientos para publicar todas las agendas.

De este modo y de acuerdo con la filosofía que destila el Plan Parlamento Abierto, se intenta garantizar el acceso a la información actualizada y detallada sobre actividades y compromisos legislativos, incluidas las reuniones mantenidas con representantes de entidades y grupos de interés, de acuerdo con el Código de Conducta de las Cortes Generales, que sus señorías siguen incumpliendo con reiteración en lo que se refiere a sus relaciones con lobbies.