Puigdemont no es el único: ocho ex altos cargos catalanes ocultan sus bienes a Hacienda

Carles Puigdemont no es el único ex dirigente de la Generalitat que oculta sus bienes al ministerio de Hacienda. Hasta ocho altos cargos, cesados en virtud del 155, han sido apercibidos por incumplir la Ley de Régimen de Incompatibilidades de Altos Cargos al Servicio de la Generalitat de Cataluña, que obliga a presentar, junto a la declaración de actividades, una declaración patrimonial y de intereses en el plazo de tres meses desde que el abandono del cargo.

Según fuentes conocedoras, la mayor parte de los más de 200 cargos cesados no cumplieron con la obligación, han ido entregando a Hacienda la documentación requerida.

Sin embargo, en este momento quedarían ocho dirigentes incumplidores, que se encuentran «en distintas fases del proceso» de apercibimiento o amonestación.

Con dicha ley se trata de evitar que los cargos aprovechen su puesto para un enriquecimiento ilícito. En la documentación se debe aportar información, como mínimo, de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias y el objeto social de las sociedades participadas y el de todas en las que tenga intereses. También la última declaración tributaria del impuesto sobre las personas físicas. La entrega debe realizarse en el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, que, tras la intervención de la Generalitat, gestiona el ministerio de Montoro.

Riesgo de inhabilitación

Los cargos que no cumplan con esa obligación se arriesgan a distintos grados de infracción, que puede conducir a la apertura de expediente sancionador, con la correspondiente inhabilitación. En ese caso estaría Carles Puigdemont, que se arriesga a ser inhabilitado para ejercer cargo público durante un tiempo de hasta cuatro años. 

Puigdemont se arriesga a ser inhabilitado para ejercer cargo público durante un tiempo de hasta cuatro años

Según fuentes de Hacienda, Puigdemont agotó ya el límite de los tres meses para entregar la documentación. El ex presidente catalán habría sido advertido por Hacienda de esta obligación el pasado febrero, mediante una notificación enviada a Bélgica, a donde huyó a finales de octubre. El ministerio le dio entonces un plazo de quince días adicionales para cumplir con esa obligación, un período que ya ha sobrepasado sin respuesta.

El Ministerio de Hacienda ha decidido, por tanto, abrirle un expediente sancionador por infracción de carácter muy grave y el pasado miércoles pidió a la Generalitat que en cinco días nombrase un instructor para hacerse cargo del proceso.

Debido a que el Ejecutivo tiene asumidas las competencias catalanas en virtud del artículo 155 de la Constitución, será el Consejo de Ministros el que se encargue de nombrar al instructor del expediente sancionador contra Puigdemont, algo que, previsiblemente, ocurrirá la próxima semana. Si el expediente culmina sin que se aporte la documentación, se procedería a la inhabilitación.

Futuro penal

En los próximos meses, el dirigente independentista podría ser suspendido también para ocupar cargo público en virtud del artículo 384 bis del Código Penal, que señala que ante «un auto firme de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

La situación de Carles Puigdemont -en libertad provisional a la espera de que la Justicia alemana resuelva su extradición a España- se consideraría en este caso equiparable a la prisión provisional, en la que se encuentra el grueso de la cúpula del ‘procés’.