La nueva ley de riders hará perder 250 millones a los restaurantes

Los restaurantes que trabajan con riders para el envío de comida a domicilio creen que van a perder 250 millones de euros al año cuando salga adelante la ley que estudia el Gobierno para que regularice a los repartidores. Plataformas como Deliveroo, Glovo, Stuart o Uber Eats han hecho crecer el negocio de muchos restaurantes, y por ello cerca de un millar de ellos lamentan que este modelo vaya a terminar.

Los restaurantes han firmado un manifiesto a través del cual solicitan al Ejecutivo «una solución reguladora que no dañe al sector», sobre todo un sector «que sufre el grave impacto de la pandemia», han dicho a través de un comunicado.

Los restaurantes que firman dicho comunicado han pedido que haya una «solución» que les permita fijar un marco que «aporte seguridad jurídica» al negocio del reparto de comida a domicilio. De igual modo, han pedido que la adminitración mantenga «la flexibilidad, compatible a su vez con una ampliación de coberturas y protecciones sociales para los repartidores».

Sin fuente de ingresos

Han dejado claro los restaurantes que si se promulga la ley tal y como la tienen prevista el Ministerio de Trabajo, eso provoque una «laboralización forzosa de los repartidores llevaría a los restaurantes, en su mayoría pequeños y medianos comercios, a dejar de percibir una importante fuente de ingresos adicionales».

Según las estimaciones de las plataformas, se podrían dejar de ingresar más de 250 millones de euros tan solo durante los primeros 12 meses, teniendo en cuenta que las plataformas tendrían que contratar a los riders y que eso aumentaría el coste que tendría que verse repercutido en el precio.

Un sector de 708 millones

El sector de las entregas de alimentación a domicilio facturó más de 708 millones de euros brutos en el año 2019 y sirvió para que se crearan o mantuvieran 15.300 empleos, según un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales que han utilizado los firmantes del manifiesto.

En concreto, los hosteleros, que han firmado el ‘Manifiesto de restaurantes sobre la ‘Ley Rider’ reclaman una solución a la actual situación que permita fijar un marco que «aporte seguridad jurídica» al sector del reparto de comida a domicilio.

Una solución que permita «mantener la flexibilidad», esencial para la supervivencia de de la economía a demanda y que «no debería ser incompatible con que las plataformas puedan ofrecer mejores coberturas y condiciones de trabajo a los repartidores», por lo que instan a trabajar para lograr una «solución que beneficie a todos y no destruya un sector incipiente con un gran impacto socioeconómico en España».

Elemento imprescindible

Los grupos de restauración que firmaron este comunicado señalan en su manifiesto que el reparto de comida a domicilio a través de riders se ha convertido en el último año de pandemia «en un elemento imprescindible para muchos negocios, grandes y pequeños, que durante meses se han apoyado y han invertido en este servicio para mantener el máximo posible de actividad y empleo».

Además han advertido del «elevado coste» que tendría la laboralización forzosa de todos los repartidores que actualmente operan a través de plataformas en términos de empleo (23.000 personas),
así como el impacto en los ingresos de los restaurantes y otros comercios.

Según un estudio elaborado por AFI para Adigital, el sector del ‘delivery’ generó más de 708 millones de euros de valor añadido bruto en 2019, un 10,1% más que en 2018, y contribuyó a generar o mantener más de 15.300 empleos totales en restauración, comercio minorista y sectores asociados.

Lo adelantó OKDIARIO

Precisamente este periódico ya adelantó hace una semana que Pablo Iglesias se había impuesto a Pedro Sánchez en este aspecto y que presentó a la UE un plan de reformas que incluía obligar a las empresas a pagar lo mismo por los empleados contratados que por los que prestan servicios en esas mismas compañías por medio de subcontratas, como los riders.

El plan viene recogido en el documento de reformas anexo al plan de recuperación y rescate. Todo ello figura bajo el epígrafe ‘Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales’.

El texto de esta reforma recogía literalmente lo siguiente: “Objetivo: evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratistas”. Y acto seguido, el documento añade: “Medidas: en línea con las sentencias recientes del Tribunal Supremo, asegurar un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes, avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”.