El Gobierno exigirá a las empresas que paguen igual a sus empleados y subcontratados en plena crisis

El Gobierno sigue generando trabas a las empresas en plena crisis por el coronavirus. Mientras convierte España en el único país que sube impuestos en plena pandemia, ahora presenta a la UE un plan de reformas que incluye obligar a las empresas a pagar lo mismo por los empleados contratados que por los que prestan servicios en esas mismas compañías por medio de subcontratas.

El plan viene recogido en el documento de reformas anexo al plan de recuperación y rescate. Todo ello figura bajo el epígrafe ‘Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales’.

El texto de esta reforma recoge literalmente lo siguiente: “Objetivo: evitar que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación para reducir los estándares laborales de los trabajadores de las empresas subcontratistas”. Y acto seguido, el documento añade: “Medidas: en línea con las sentencias recientes del Tribunal Supremo, asegurar un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes, avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”.

Traducido: elevar los costes de la subcontratación para equipararla a la contratación, algo que acabaría con este recurso generalizado entre las empresas para mantener la competitividad.

Golpe fiscal a los ‘riders’

No se trata del único golpe a la economía recogido en este plan de reformas. Pedro Sánchez ha iniciado la planificación de una serie de recortes que le permitan hacerse merecedor del rescate de la UE. Están en juego 70.000 millones en ayudas directas que Bruselas autorizará en caso de que el Gobierno demuestre tener un plan para poder asumir sus compromisos de pago y sacar a flote la economía española. Y otra de las reformas que prepara ya el Gobierno socialcomunista -y que se encuentra en la mesa de la Comisión Europea- es un golpe fiscal a las cotizaciones de los riders.

El documento titula este apartado como “regulación de los trabajadores de reparto en las plataformas digitales (“riders”)”. Y señala: “Objetivo: abordar la regulación de las personas que efectúan el reparto a domicilio en el ámbito de las plataformas digitales, en el que se ha generado una gran inseguridad jurídica y litigiosidad en los últimos años. Medidas: garantizar un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo a los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales, dando acceso a protección social y formación a estas personas”. Y para ello, tal y como han confirmado a OKDIARIO fuentes conocedoras de la reforma, se pretende extender el sistema general de cotizaciones a la Seguridad Social a este sector.

Otra de las medidas de este plan de reformas tampoco será inocua: se trata de una nueva subida del límite máximo de cotización de los trabajadores: una subida de la contribución mensual que hacen las rentas más elevadas a la Seguridad Social, tal y como ha publicado OKDIARIO. El Gobierno la quiere incrementar para sanear sus ingresos fiscales.

El art. 119 de la Ley de Presupuestos de 2021 fijó las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2021. En el Régimen General de la Seguridad Social, en el que cotiza la inmensa mayoría de trabajadores, se congeló la base máxima de cotización en 4.070,10 euros al mes. Ahora, tal y como ha comunicado ya el Gobierno a la UE, pretende subir esa base de cotización. Y al subir la base de cotización, sube el pago final, tanto el que lleva a cabo la empresa por cada trabajador -23,60%- como el que lleva a cabo desde su nómina cada empleado -4,70%-.

El documento del Gobierno, al que ha tenido acceso OKDIARIO, y donde se defiende esta medida, admite que el Gobierno prepara ya una subida de la base máxima de cotización de los trabajadores.

Otra de las reformas de este mismo plan afecta, también, al cobro de las pensiones por parte de las personas que pasan a la jubilación antes de la edad legalmente establecida: los conocidos como prejubilados. A todos ellos, el Gobierno socialcomunista pretende recortarles la pensión por medio de un incremento de los coeficientes reductores que regula la Seguridad Social, precisamente, por no haber llegado al nivel de años trabajados determinado por la Administración.

El texto añade un punto que ya era conocido: «Se persigue la aproximación de la edad efectiva de jubilación a la edad legalmente establecida”. Pero, a continuación, diseña puntos que no se habían hecho públicos hasta el momento: “Paralelamente la reforma pretende mostrar a la población la conveniencia de retrasar la edad de jubilación y crear incentivos para ello”.
En esta línea, añade el documento, “se hace preciso realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad”.