El ingreso mínimo beneficiará a 300.000 hogares menos de los que prometió Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, ha dado a conocer este miércoles que la «medida estrella» del escudo social del Gobierno -el Ingreso Mínimo Vital- llegará a menos hogares de los previstos. En concreto, confía en que 550.000 hogares se estén ya beneficiando a finales de este año o principios del que viene, unos 300.000 por debajo del objetivo inicialmente planteado por el Ejecutivo.

«Vamos a llegar a 850.000 hogares beneficiarios». Así explicaba Escrivá los datos claves del IMV en una rueda de prensa a finales del mes de mayo, que tan sólo cuatro meses se desmontan al confirmar que tan sólo llegarán a 550.000 familias. En concreto, hasta septiembre, la Seguridad Social había procesado 320.000 solicitudes, de las cuales 91.000 fueron aprobadas, 86.000 denegadas y 142.000 pendientes de subsanación, es decir, «algo más de un tercio de todo lo que nos ha llegado».

Con los cambios efectuados, Escrivá ha confiado en que en octubre hayan tramitado casi un 40% de los expedientes, que siguen aumentando, pasando de los 90.000 a 135.000 IMV concedidos, «y un salto mayor en noviembre con el 50% de expedientes tramitados y cerca de los más de 200.000 IMV abonados».

Durante su intervención del mes de mayo aseguró que «la renta garantizada media entre los beneficiarios es de 10.070 euros, con lo cual el ingreso mínimo anual medio es de unos 4.400 euros», hasta situar el gasto público en 3.000 millones de euros cuando la prestación estuviera a pleno rendimiento.

El colapso de la Seguridad Social

No obstante, ninguno de los avances que ha hecho el titular de Seguridad Social se han cumplido, debido al colapso que vive el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) -quien abona las prestaciones de forma telemática y con las oficinas cerradas por el impacto de la crisis del coronavirus- . Ante este escenario, el ministro ha explicado que han llevado a cabo incorporaciones con 600 plazas nuevas a finales de junio, a las que se suman 1.000 interinos más que se dedicarán en gran medida a la tramitación del IMV, así como otros 600 trabajadores de Tragsa.

También han realizado modificaciones y ajustes, para agilizar la tramitación de los expedientes y eliminar los múltiples «cuellos de botella» que ralentizaban las concesiones desde el pasado mes de mayo, que ha provocado que miles de familias vivan con cero ingresos desde que la pandemia comenzó a dar sus primeros coletazos en el mes de marzo.

El 50% denegadas

«Mi impresión es que en estos momentos, dado que el porcentaje pendiente de subsanación está en torno al 28%, y que el porcentaje que terminan siendo positivas es significativo, lo lógico es que estemos aproximadamente con un 50% al menos de aprobadas y un 50% de denegadas, en gran medida por no cumplir requisitos de distinta naturaleza, pero muchos de renta y patrimonio», ha puntualizado el ministro.

Si llegan a final de año a unos 550.000 hogares, les faltarían todavía unos 300.000 para alcanzar la cifra de 850.000 inicialmente prevista. Por ello, en la segunda fase que surgirá a partir de la evaluación de enero van a estudiar nuevos canales con ayuntamientos, ONG y trabajadores sociales.

Seguridad social se gasta 13.000 millones

Por su parte, las medidas de protección extraordinaria al empleo puestas en marcha por el Gobierno para afrontar los efectos de la pandemia de covid-19 han supuesto hasta el mes de septiembre 12.928 millones de euros. El grueso de este montante, según ha expuesto en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, a la que ha acudido para informar de las políticas desarrolladas por su departamento por la crisis del coronavirus se lo lleva las exoneraciones del sistema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con 5.218 millones.

Entre la prestación extraordinaria para autónomos (4.138 millones) y las exoneraciones a las cotizaciones de autónomos (2.203 millones) las medidas dirigidas a trabajadores por cuenta propia concentran más de 6.300 millones, mientras que la prestación por incapacidad temporal ha supuesto 1.369 millones.