España se perpetúa como el país con la inflación más disparada entre las principales economías europeas

Tras conocerse los datos de inflación de la eurozona de marzo, la conclusión no podía ser más pesimista para España: es la economía entre las grandes de Europa donde los ciudadanos soportan una tasa más gravosa. Con un diferencial de inflación de más de dos puntos superior a la media del área del euro, la asfixia es patente en las familias españolas, cuyos presupuestos se ven muy mermados por la pérdida flagrante de poder adquisitivo y la firme determinación del Gobierno de mantener intacto su poder confiscatorio por medio de elevados impuestos. El resultado es que está produciendo un empobrecimiento general en las familias.

Por supuesto, el mix eléctrico de España es mucho más caro que el de otros países europeos porque el precio del gas que llega es más alto que el de Alemania, que transita por el gasoducto de Rusia. Francia tiene una dependencia de los hidrocarburos mucho menor a la hora de generar energía eléctrica porque su apuesta es por la nuclear, una fuente energética que en España tiene los días contados. Eso evidentemente se refleja en su menor inflación, del 4,5% en marzo frente al 9,8% de España -máximo de 37 años-. Sin embargo, hay otras razones que explican la desbocada espiral inflacionista del país, que tienen que ver más con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Llevamos más de un año en el que se percibía que las cadenas de suministro y, por tanto, los precios del transporte y las materias primas estaban subiendo. En otros países han reaccionado bajando impuestos», señala Francisco Utrera, profesor del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.

«En España estábamos a otra guerra. Este Gobierno se ha dedicado esencialmente a perder el tiempo. Consecuentemente, que la inflación aquí se despierte con más brío que en otros países no nos tiene que resultar extraño en absoluto», afirma. «Aquí se ha actuado tarde y mal, y además con una premisa muy peligrosa: que lo importante era hacer política educativa, social, igualitaria, sostenible… y no hacer política antiinflacionista», explica.

Lentitud en la gestión de Sánchez

A eso hay que añadir la parsimonia con la que el Ejecutivo está gestionando la crisis después de sus últimas medidas en medio de la huelga del transporte. «Tenemos un Gobierno que actúa con mucha lentitud. El tema de los camioneros viene provocado porque no se ha reaccionado con rapidez y eficiencia para que los productos se pudieran distribuir y no hubiera escasez, que es lo que ha generado la subida de precios», argumenta Rafael Pampillón, consejero del Colegio de Economistas de Madrid, que subraya que la bajada de 20 céntimos por litro en el precio del combustible «ha pillado con el pie cambiado a las gasolineras».

«¿No hubiera sido mucho más transparente y fácil para todos que hubieran bajado el impuesto de carburantes de manera que esos 20 céntimos se fueran en una pequeña rebaja de impuestos?», se pregunta. Sin embargo, advierte de que reducir gravámenes parece un territorio vedado para el Gobierno, en el que Podemos tiene un peso importante. Para la formación morada, «bajar impuestos es favorecer a los ricos y por eso hay que dar subvenciones», ilustra Pampillón.

En suma, España es un país menos dinámico. «El tejido empresarial no puede actuar con la misma libertad con la que se actúa en otros países europeos y eso hace que los costes sean superiores», agrega. Pero además, está el problema de que durante la pandemia se ha destruido mucha empresa española por unos apoyos gubernamentales insuficientes, lo que ha reducido la oferta de productos y ha elevado los precios. «Las tensiones inflacionistas en España en parte proceden de la destrucción de tejido productivo», señala Utrera, que califica al Gobierno de Sánchez de «incompetente».

A su juicio, bajar 20 céntimos la gasolina es una medida «tardía e inoportuna», cuando lo prioritario debería ser reducir el gasto público, indica. «Lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas, como los Pactos de la Moncloa de 1977, para sacar este país de la crisis, y reducir el gasto público innecesario», coincide Pamipillón.

Uno de los grandes desafíos del país es qué pasará con el sistema de pensiones, ya de por sí desequilibrado, ahora que está indexado a la inflación. «No se espera que la media anual sea inferior al 6% o el 7%. Eso es lo que tienen que subir las pensiones si se ajustan a la inflación. Y esto se consolida a futuro. No es solamente la subida de este año, es que esa subida permanece para siempre, con lo cual hay que hacer algo», alerta Utrera.